La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, sorprendió al mundo luego de publicar su informe sobre la crisis en Venezuela. Un documento en el que detalló, punto por punto, las dimensiones del colapso político, social y económico del país y en el que se delimitaron responsabilidades.
Fotos: Voz de América-AVN
Composición: Maduradas
A continuación, algunos de los puntos más relevantes que la expresidenta chilena -quien visitó el país del 19 al 21 de junio- dejó claro en el documento que se basó en 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, en Venezuela y otros ocho países.
El informe también toma en cuenta otras fuentes y abarca el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019. Los enunciados siguientes están acompañados de las citas textuales extraídas del texto oficial.
Gravedad de la crisis económica y verdaderas causas
1-. Pueblo contra la pared: «La población venezolana está afrontando muy diversas e interrelacionadas violaciones de sus derechos económicos y sociales».
2-. Salario insuficiente para vivir: «A pesar de que el Gobierno ha decretado varios aumentos en el salario mínimo, el poder adquisitivo de la población venezolana ha disminuido hasta el punto de que ya no se lo puede considerar como un salario de subsistencia».
3-. La corrupción como causa de la crisis económica: «El desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural.
4-. Las sanciones no causaron la crisis y se enfilan contra individuales: «La gran mayoría de las sanciones que han sido impuestas a la fecha por varios Estados y una organización regional son de naturaleza selectiva y consisten en prohibiciones de viaje y congelación de activos dirigidas a unas 150 personas, incluyendo a altos funcionarios de Gobierno, o embargos de armas. (…) La economía venezolana, especialmente su industria petrolera y los sistemas de producción de alimentos, ya estaban en crisis antes de que se impusiera cualquier sanción sectorial. Las cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela el 28 de mayo de 2019 muestran que los indicadores económicos fundamentales empezaron a degradarse drásticamente mucho antes de agosto de 2017″.
Crisis humanitaria, violación al derecho a la alimentación y a la salud
5-. Salud en emergencia: «La situación es grave. Las personas entrevistadas describieron consistentemente una infraestructura de la atención a la salud que lleva años deteriorándose y que se caracteriza por el éxodo de doctores/as y personal de enfermería, así como por graves carencias en la atención médica básica y de medicamentos. Las familias de los/as pacientes tienen que suministrar todos los productos de primera necesidad, entre otros, agua, guantes y jeringuillas. Se ha informado de carencias del 60% al 100% en fármacos esenciales en cuatro de las principales ciudades de Venezuela. Asimismo, enfermedades que anteriormente estaban controladas y habían sido erradicadas, entre ellas enfermedades evitables con vacunas como sarampión y difteria, han reaparecido. Hay falta de acceso a todos los tipos de anticonceptivos, con algunas ciudades
enfrentando una escasez del 100 por ciento . Ello aumenta el riesgo de contraer el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, así como la tasa de embarazos no deseados y de embarazos en adolescentes».
6-. Muertos por falta de insumos y apagones: La Encuesta Nacional de Hospitales (2019) constató que, entre noviembre 2018 y febrero 2019, 1,557 personas murieron debido a la falta de insumos en hospitales. Los
apagones han causado daños irreparables, como se revela en reportes que indican que 40 pacientes murieron como resultado del apagón de marzo de 2019.
7-. Responsabilizan al régimen de Maduro por el colapso del sistema salud: «Violaciones al derecho a la salud son resultado del incumplimiento del Gobierno de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aún por motivos económicos. Las violaciones de las obligaciones fundamentales estuvieron vinculadas a una falta
generalizada de disponibilidad de y acceso a fármacos y tratamientos esenciales, al deterioro de las condiciones en hospitales, clínicas y maternidades, a la falta de factores subyacentes determinantes de la salud, incluyendo agua y nutrición adecuada, al deterioro en la inmunización y salud preventiva y a las restricciones en el acceso a la salud sexual y
reproductiva. También se producen violaciones al derecho a la salud por el hecho de que el Gobierno no publique datos sobre la salud pública, que son esenciales para la concepción y puesta en práctica de una respuesta adecuada a la actual crisis sanitaria que padece el país.
8-. CLAP insuficiente, alimentación deficiente, desnutrición, régimen ineficaz en combatir el hambre: «Información verificada por el ACNUDH confirma violaciones al derecho a la alimentación, incluida la obligación del Estado para garantizar que la población no padezca hambre. El principal programa de asistencia alimentaria, conocido como “cajas CLAP”, no cubre las necesidades nutricionales que son elementales para la gente. El Gobierno no ha demostrado que ha utilizado todos los recursos disponibles para garantizar la realización progresiva del derecho a la alimentación, ni tampoco que hubiere buscado, sin éxito, asistencia internacional para abordar dichas deficiencias (…) El Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura reportó que 3.7 millones de venezolanos/as se encuentran en estado de desnutrición y la ONG Caritas confirmó particularmente altos niveles de desnutrición entre niños/as y mujeres embarazadas». El informe también destaca que los entrevistados dijeron que comían una vez, o como mucho, dos veces, al día y que consumían pocas proteínas o vitaminas.
9-. Denuncian el «chantaje» y control político a través del carnet de la patria y otros programas sociales: «La lista de personas beneficiarias de estos programas es manejada por las estructuras locales del partido oficial, en vez de por las instituciones gubernamentales. Las personas entrevistadas reportaron que las/los integrantes de estas estructuras locales monitorean la actividad política de las personas beneficiarias».
Acecho a la libertad de expresión y medios
10-. Hegemonía comunicacional de Maduro, censura a medios independientes y bloqueo a sitios web y redes sociales «En los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes. Esta situación ha continuado empeorando en 2018-2019. Han tenido que cerrar docenas de medios impresos y el Gobierno clausuró emisoras de radio e hizo que dejaran de emitir canales de televisión. Aumentaron las detenciones de periodistas, incluyendo de periodistas extranjeros quienes fueron expulsados o dejaron el país inmediatamente después de su liberación. Actualmente hay centenares de periodistas venezolanos/as exiliados/as. Internet y las redes sociales se han convertido en los principales medios de comunicación e información de la población, limitando aún más el acceso a la información independiente de las personas que no tienen acceso a internet. La velocidad de la internet está disminuyendo paulatinamente, incluyendo por la falta de inversión en infraestructura. Asimismo, en los años recientes, el Gobierno ha bloqueado sitios web de noticias independientes y ha bloqueado regularmente las redes sociales».
Persecución política
11-. Acoso a la AN y criminalización de la disidencia política: «Durante más de una década, el Gobierno, así como las instituciones controladas por el Gobierno han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional. Estas medidas tienen como objetivo neutralizar, reprimir y criminalizar a opositores/as políticas y críticas al Gobierno. Esta tendencia se ha aumentado desde 2016,
después de que la oposición ganara la mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional, lo cual llevó a un incremento de la represión selectiva de la oposición política y a una restricción incesante del de por sí limitado espacio democrático».
«A junio de 2019, la Corte Suprema de Justicia ha levantado la inmunidad
parlamentaria a 22 diputados de la Asamblea Nacional, entre ellos el Presidente de la Asamblea Nacional. Muchos de ellos han sido acusados de traición, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil y asociación, entre otros cargos».
12- Persecución y crímenes atribuidos a la disidencia: «La oposición política, los/as activistas de derechos humanos y los/as periodistas, entre otros/as, son con frecuencia blanco de discursos que los tildan de ‘traidores’ y “agentes desestabilizadores”.
Cuestionamiento a los cuerpos de seguridad
13-. Señalamientos directos contra GNB, PNB, FAES, el Sebin y la DGCIM: «La GNB y la PNB han sido responsables del uso
excesivo de la fuerza en manifestaciones al menos desde 2014. Las FAES, una unidad de respuesta rápida creada en 2017 para combatir el crimen organizado, han sido presuntamente responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad, al igual que el CICPC. Los servicios de inteligencia (el Sebin y la Dgcim) han sido responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores/as políticos/as y de sus familiares. Los colectivos armados contribuyen a este sistema ejerciendo control social en las comunidades locales, y apoyando a las fuerzas de seguridad en la represión de
manifestaciones y de la disidencia. (…) La GNB, la PNB, las FAES y
algunas policías estatales y municipales presuntamente hicieron un uso excesivo de la fuerza de manera deliberada, con la finalidad de infundir miedo y desalentar futuras manifestaciones. Colectivos armados también recurrieron a la violencia contra manifestantes, a menudo en coordinación con las fuerzas de seguridad. En muchos casos, estas acciones produjeron muertes y heridas graves.
«El ACNUDH documentó casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por fuerzas de seguridad llevadas a cabo en vecindarios pobres. Desde principios de 2018, las operaciones de seguridad de las FAES, creadas para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales, reemplazaron a las operaciones de seguridad denominadas ‘Operaciones de Liberación del Pueblo’ implementadas de 2015 a 2017 38 . Las personas entrevistadas se
refirieron de manera constante a las FAES como un “escuadrón de la muerte” o un “grupo de exterminio”. Según informes de ONGs, las FAES son responsables de centenares de muertes violentas».
Presos políticos, detenciones arbitrarias y torturas
14-. Detenciones arbitrarias por temas políticos, desapariciones forzosas: El ACNUDH pudo documentar información detallada de 135 casos de personas (23 mujeres y 112 hombres) privadas arbitrariamente de la libertad entre 2014 y 2019. De ellas, 23 fueron detenidas en 2018 y 8 en 2019. Algunos de esos casos fueron desapariciones forzadas hasta que las autoridades revelaron el paradero de las personas detenidas, días o semanas después de sus detenciones. En la mayoría de los casos las detenciones se llevaron a cabo en respuesta a que las personas estaban ejerciendo sus derechos humanos, en particular la libertad de opinión, expresión, asociación y reunión pacífica. A menudo, las detenciones carecían de fundamento legal. El ACNUDH también encontró graves y repetidas violaciones de la garantía del juicio justo en cada uno de estos casos».
15-. Denuncian los mecanismos de torturas del Sebin y la Dgcim: «En la mayoría de estos casos, se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a
temperaturas extremas. Las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, especialmente el Sebin y la Dgcim, recurrieron de manera habitual a esas medidas para extraer información y confesiones, intimidar y sancionar a las personas detenidas».
Sistema de justicia contra la pared
16-. Justicia inexistente, persecución a las víctimas: «La mayoría de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos señaladas en el presente informe no han tenido un acceso efectivo a la justicia y a una reparación adecuada. Según las y los entrevistadas/os, pocas personas presentan denuncias por miedo a represalias y por falta de confianza en el sistema de justicia. Cuando lo hacen, las autoridades no investigan o no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes».
«Las familias de las personas que murieron durante las protestas masivas de 2017 siguen enfrentando obstáculos generalizados a sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, sin que se haya avanzado en la mayoría de las investigaciones. Además, las familias, principalmente las mujeres, han sido amenazadas y acosadas por los servicios de inteligencia y por la policía, y algunas se han visto obligadas a abandonar el
país. Las familias de los hombres matados durante las operaciones de las FAES tampoco han recibido justicia. Ellas se han enfrentado a múltiples obstáculos, entre ellos la renuencia de los/las fiscales a recibir sus denuncias, y la denegación».
17. Sablazos a la fiscalía de Tarek y a la Defensoría: «El Ministerio Público ha incumplido con regularidad su obligación de investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los hechos y el Defensor del Pueblo ha guardado silencio ante las violaciones de los derechos humanos. Ninguna de esas instituciones, así como tampoco el Gobierno o la policía dan protección a las víctimas y testigos de violaciones a los derechos humanos. Además, el Fiscal General ha participado de una retórica pública de estigmatización y desacreditación de la oposición y de quienes critican al Gobierno, violando así el principio de presunción de inocencia».
Apartado especial por vulneración de derechos a los pueblos indígenas
18-. «Hay violaciones de los derechos colectivos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos tradicionales. Han perdido el control de sus tierras, incluso debido a la militarización por parte de los agentes del Estado. Su presencia ha provocado violencia e inseguridad en sus territorios en los últimos años, a lo que se suma la presencia de bandas criminales organizadas y grupos armados».
Situación de los migrantes y refugiados venezolanos
19-. «El número de personas que se han visto obligadas a dejar Venezuela ha aumentado dramáticamente desde 2018, alcanzando más de 4 millones para el 6 de junio de 2019. Colombia acoge la mayor cantidad de personas, seguida por Perú, Chile, la Argentina, Ecuador y el Brasil.
20-. «Las situaciones de vulnerabilidad que son generadas en Venezuela se ven agravadas por los problemas que las personas migrantes afrontan en los países de tránsito y de destino, como la carencia de condición de migrantes regulares, condiciones de vida indignas, explotación laboral, discriminación y xenofobia. Estos factores de vulnerabilidad,
conjugados con estereotipos hipersexualizados, aumentan la exposición de las mujeres, adolescentes y niñas migrantes a la trata, la explotación sexual y otras formas de violencia de género durante el viaje y en el lugar de destino».
Al término del informe, se advierte que si las condiciones no mejoran, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país, y empeorarán las condiciones de vida de quienes permanecen en él.
Redacción Maduradas
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