En 2001, Linda Loaiza López fue secuestrada y retenida durante casi cuatro meses en un apartamento de Caracas, donde fue violada y torturada repetidamente.
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Ahora, ha publicado un libro sobre su experiencia y su batalla de años para llevar el caso a juicio en un sistema que, según ella, todavía les falla a las mujeres venezolanas.
La publicación del libro coescrito por López, un abogado, y Luisa Kislinger, escritora y activista venezolana, ha reavivado el debate sobre la violencia contra las mujeres y las niñas en Venezuela, que según los activistas a menudo se ve ensombrecido por la crisis humanitaria y económica del país.
Venezuela no publica estadísticas sobre abuso doméstico, pero es un problema generalizado en América Latina que aumentó durante la pandemia, según datos del Comité Internacional de Rescate sin fines de lucro con sede en Estados Unidos en un informe publicado en junio pasado.
En su libro, «Double Crime», López, mejor conocida por sus dos nombres, Linda Loaiza, detalla la terrible experiencia de haber sido amordazada y esposada, golpeada con botellas de vidrio, quemada con cigarrillos y violada repetidamente entre marzo y julio de 2001.
Luis Carrera, hijo de un destacado académico, fue arrestado en noviembre de 2001 y condenado en 2006 por golpear y secuestrar a López y pasó seis años en prisión.
El tribunal determinó que había sido violada durante su cautiverio, pero absolvió a Carrera de los cargos de violación con el argumento de que no había pruebas suficientes para demostrar que él era el autor.
Eso fue una falla del sistema, dijo López a Reuters en una entrevista.
No castigar la violación «es decirle a la sociedad: hazlo. Tienes carta blanca. Puedes», dijo.
El caso de López se convirtió en un caso simbólico para los grupos de derechos de las mujeres porque los procedimientos se retrasaron durante años porque los jueces se negaron repetidamente a escucharlo, según López y los grupos, como Tinta Violeta en Caracas.
Sus partidarios dijeron que el retraso se debió a la prominencia de la familia Carrera. Los grupos de derechos humanos dicen que el gobierno no investiga ni procesa el abuso, particularmente cuando los agresores son hombres bien conectados, y que no ha invertido lo suficiente para ayudar a las mujeres a escapar o recuperarse de relaciones abusivas.
Reuters no pudo localizar a Carrera, quien fue liberado de la cárcel en 2008.
Su padre, Gustavo Carrera, no respondió a los correos electrónicos en busca de comentarios.
El fiscal jefe Tarek Saab dijo en un mensaje a Reuters que el gobierno procesa activamente los casos de abuso doméstico y que los derechos de las mujeres están garantizados por la constitución del país.
Dijo que los fiscales estaban investigando 185 casos de mujeres asesinadas entre enero y noviembre de 2020 y 53 casos en los primeros tres meses de 2021. El grupo de vigilancia Femicide Monitor dice que 256 mujeres fueron asesinadas en 2020 y 73 de enero a abril de este año.
El tema de los derechos de las mujeres volvió a ser el centro de atención en abril debido a una avalancha de acusaciones de acoso sexual contra músicos y artistas. Un conocido poeta venezolano murió de un aparente suicidio días después de ser acusado de estupro. Había confirmado la acusación en un mensaje de Instagram y pidió perdón.
López fue rescatada por la policía y los bomberos el 19 de julio de 2001, cuando Carrera la dejó sola en el apartamento sin atar por primera vez, lo que le permitió pedir ayuda, dijo a los fiscales estatales.
Pasó un año en un hospital para tratar una fractura de mandíbula y costillas, y se sometió a 15 operaciones para reconstruir su rostro y genitales.
«Tengo innumerables cicatrices en mi cuerpo», dijo.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, un tribunal con sede en Costa Rica que forma parte del sistema de protección de derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos, dictaminó en 2018 que el estado venezolano no había protegido adecuadamente a López de la agresión sexual.
López dijo que Venezuela no ha cumplido con elementos clave de la sentencia, que ordenó que se le pagara a López por daños y perjuicios y dijo que el gobierno debería investigar por qué los funcionarios ignoraron las advertencias de los familiares de que López había sido secuestrado.
Saab dijo a Reuters que su oficina estaba en conversaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de la Mujer para determinar cómo responder a la sentencia, sin dar más detalles.
Redacción Maduradas con información de Reuters
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