Venezuela respondería con reciprocidad ante eventuales sanciones de Estados Unidos contra funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro acusados de violar los derechos humanos, reseña La Voz de América.
El vicepresidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, diputado Saúl Ortega (PSUV), dijo que “aplicaría la reciprocidad, aunque es un tema que está en manos de nuestro presidente, Nicolás Maduro, pero si me lo preguntan a mí, eso haría”.
Ortega acusó al gobierno del presidente Obama de ir contra los derechos fundamentales. “Si alguien viola los derechos humanos es el gobierno de Obama», dijo Ortega a una emisora de radio local.
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Fiscal considera «irrespetuosas» sanciones de EE UU a funcionarios venezolanos
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, también opinó al respecto y aseguró que las sanciones contra funcionarios venezolanos por parte de Estados Unidos, que los califica de violadores de derechos humanos, atentan contra la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, así lo reseña El Nacional.
Ortega Díaz afirmó que las sanciones son «un completo irrespeto» y se preguntó «qué tipo de hecho se cometieron» para que ese país tomara esa decisión.
En su opinión, «Estados Unidos es el principal violador de los derechos humanos del mundo», pues «incurre en estas conductas dentro de su territorio».
Para Ortega Díaz, la violación de los derechos humanos por parte de EE UU «es evidente», sobre todo en las situaciones que involucran a afrodescendientes o latinos.
Supuesto intervencionismo
«Tengo mucha información del intervencionismo de la embajada de Estados Unidos en Venezuela, comienza a ser intolerable», dijo Maduro al canal Telesur.
Desde 2010 ambos países retiraron a sus embajadores.
El proyecto de ley promovido por el demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, y el republicano por Florida, Marco Rubio, sancionaría a al menos 56 funcionarios del gobierno de Maduro.
El asunto es observado con cautela en Venezuela por defensores de derechos humanos.
“El mundo entero debe estar consciente de las violaciones a los derechos humanos [en Venezuela]. Ahora, las decisiones que tome un senado, o un gobierno con relación a esto, son decisiones que deben tomar de la manera que lo consideren”, dijo Alfredo Romero, abogado activista de la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano.
La ONG documentó 38 denuncias de tortura durante las manifestaciones que iniciaron en febrero contra el gobierno de Maduro.
“El gobierno venezolano se mete en una encrucijada muy fuerte cuando incumple con decisiones de Naciones Unidas, [porque] está obligando a todos los países miembro de Naciones Unidas a rechazar y establecer sanciones contra el gobierno venezolano”, agregó Romero.