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¡DESCARO SIN LÍMITES! Luisa Ortega: «MP ha dado respuesta contundente a hechos del 12F»

La Fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, indicó este martes que la Fiscalía «ha dado respuesta contundente» a los 43 familiares de los hechos violentos de febrero del 2014, puntualizó que sus pedimentos han sido tramitados y atendidos, esto a prósito de cumplirse un año de estas acciones.

“No podemos hacer otra cosa sino todo aquello para resarcir el daño”, indicó la fiscal, al mismo tiempo que refirió que el 12 de febrero del 2014, el Ministerio Público tuvo disposición de recibir a los estudiantes pacíficos que se acercaron hasta la sede del organismo, pero “hubo quienes llamaron a la violencia”.

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Asimismo, la fiscal ofreció un balance de los hechos, que dejó como resultado; 43 fallecidos, 878 lesionados y 3352 aprehendidos. Explicó que de los lesionados 600 eran civiles y 278 pertenecían a los cuerpos policiales.

Sobre la muerte de Basssil Da Costa, Ortega Díaz, indicó que hay 8 personas acusadas, todas pertenecientes al Sebin. Explicó que se determinó que el proyectil que le quitó la vida fue de un arma accionada por el comisario José Ramón Perdomo Camacho, reseña Globovisión.

En el caso Da Costa aclaró que la audiencia ha sido diferida en 2 oportunidades por “solicitud de la defensa” y que el juicio no ha iniciado porque “quizás la defensa necesita más tiempo para prepararse no por hechos imputables al MP”.

En el caso del asesinato de Alejandro Márquez, sostuvo que se trata de “una violación de los derechos fundamentales y aseveró que hay 2 ordenes de captura contra los involucrados. “El caso está en fase de investigación”, añadió.

En el caso Geraldine Moreno, informó que está imputada la sargento de la GNB Paola Barroso, cómplice necesaria del delito de homicidio calificado con alevosía y el autor material el sargento GNB, Franklin García. Enfatizó que ambos están privados de libertad y poseen medida cautelar sustitutiva de libertad respectivamente.

La fiscal añadió que este mes se cumple 1 año de la comisión de hechos de violencia que accionaron “una especie de insurrección popular”, por mas de 4 meses y que mantuvieron al estado en una situación de “alteración del orden público”.

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