El asesinato de Yormán Pedro Márquez Rodríguez, alias el “Gordo Bayón”, sacó a la luz pública la vida delictiva de un hombre, quizá un tanto popular en el estado Bolívar, pero que a pesar de tener una prohibición de salida de ese territorio, logró llegar a Caracas y participar en reuniones sindicales dentro del Palacio de Miraflores.
Sin embargo, expertos en materia de Derecho Penal advierten que jurídicamente no había ninguna base para que Márquez estuviese en libertad y que en Venezuela, una cosa es lo que dice la Ley, y otra muy distinta lo que se ve en la realidad.
“Gordo Bayón” se entregó a las autoridades en junio de 2012, por su presunta responsabilidad en el homicidio de tres sindicalistas identificados como Richard Carvajal, Maikel Sánchez y José Félix.
En esa oportunidad, tras dos meses en prisión, el Tribunal 3 de Control de Bolívar lo dejó en libertad, gracias a una medida sustitutiva que solo le prohibía salir del Estado.
“Cualquier persona que se presuma que cometió un delito cuya pena exceda los 10 años de prisión, lo que procede es que el juez dicte la privativa de libertad, porque se presume que hay peligro de fuga y que se compromete la continuidad del proceso judicial. Evidentemente en el caso de ‘Gordo Bayón’ el tribunal no le podía dar una cautelar, porque este señor estaba preso por un delito gravísimo, como es el homicidio”, explicó la abogada penalista Claudia Mujica.
Ante este panorama, el también experto en el área penal, el doctor Alberto Arteaga, señaló que el caso es una muestra de que la justicia venezolana no funciona y que la impunidad se ha vuelto la regla.
“La única penal que se aplica es la privación de libertad preventiva. Cuando no se acuerda, en los casos más graves, quedan sin sanción, porque si dejas a un delincuente en libertad, el proceso no se realiza y queda impune. Esa es la tragedia de la justicia penal venezolana”, advirtió Arteaga.
Mujica también indicó que los jueces venezolanos, antes de dictar la privativa de libertad, deben evaluar las características de la persona que cometió el delito y la naturaleza del mismo.
“El juez analiza si se trata de un delincuente primario –que delinque por primera vez- o un reincidente y el tipo de delito que cometió, porque no es lo mismo que el tipo se robe un teléfono celular a que mate a tres personas, como Márquez”, explicó.
Finalmente, Arteaga considera que el caso de las irregularidades legales que hay detrás de la libertad de Yormán Márqez, alias “Gordo Bayón”, tendría que ser investigado de manera seria.
“La colectividad tiene derecho recibir una explicación sobre la verdad de este caso, porque ahora solo vemos que cuando se trata de disidentes políticos, si se aplican todas las leyes y se afincan para hacer imputaciones sin fundamento alguno y esto nos obliga a preguntarnos ¿de verdad somos todos iguales ante la Ley?”, sentenció el experto, reseñó el portal de actualidadvenezuela.org.