Nicolás Maduro firmó decenas de leyes con fines políticos, como parte de un paquete de normas legales redactadas por el Gobierno y dictadas por el mandatario, sin trámite legislativo, en razón de una “ley habilitante” que le fuera aprobada por la mayoría parlamentaria chavista el 19 de noviembre.
Este es un paso más hacia el control absoluto del Estado lanzó el régimen venezolano mediante un paquete de leyes dictadas por Nicolás Maduro. Varias decenas de medidas confirman la alianza del chavismo con la élite militar, ratifica su esquema de economía estatista en procura de capital extranjero al estilo cubano, y deja en evidencia el desespero oficial por aumentar sus ingresos a cuenta de los bolsillos privados.
La noche del 19 de Noviembre de 2014, en el salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, Maduro reunió a los altos jerarcas del régimen, ministros, parlamentarios y jefes de los poderes públicos nacionales. Como era de esperarse, no había presencia de representantes de fuerzas políticas distintas del oficialismo. Sin embargo, a pocos metros del mandatario fue colocado uno de los espalderos presidenciales, quien dirigía su mirada a los asistentes al acto que era televisado en vivo.
Durante el evento, Maduro firmó decenas de leyes, parte de un paquete de normas legales redactadas por el Gobierno y dictadas por el mandatario, sin trámite legislativo, en razón de una “ley habilitante” que le fuera aprobada por la mayoría parlamentaria chavista el 19 de noviembre. Si bien esa “ley habilitante” fue aprobada para dictar leyes “contra la corrupción y la guerra económica desatada contra la Patria”, el instrumento ha sido utilizado por Maduro para crear una estructura legal que deja sin poder las instancias de Gobierno estatal y municipal, refuerza las instancias comunales controladas por el Gobierno, crea una estructura de espionaje interno y reorienta el aparato militar.
Durante el mes de noviembre, a pocos días de finalizar la vigencia de la “ley habilitante”, Maduro dictó más de medio centenar de leyes. La mayoría de ellas, pasada casi una semana, aún no habían sido publicadas y, por lo tanto su contenido era desconocido para la población. La legislación dictada por Maduro impacta sobre toda la vida de la sociedad venezolana y su contenido nunca fue objeto de divulgación y debate, ni siquiera entre altos cuadros del régimen.
Mediante la ley denominada de “Seguridad de la Nación”, Maduro crea una nueva policía política con las siglas SP3. Será el “centro integrado para procesar esa información que se obtendrá de esa inteligencia en conjunto con agentes especializados”, explicó la almirante Carmen Meléndez, ministra de Relaciones Interiores. Se trata de un “sistema” que estará bajo la jefatura de un “comandante” y un “estado mayor”, que conectará a los grupos de base controlados por el chavismo (comunas, consejos comunales, “movimientos sociales”, etc.) con los diversos organismos militares y policiales (desde el Ejército, la Guardia Nacional, la Guardia Presidencial o la policía política Sebin). En la práctica es un esquema de espionaje interno a manos de los cuadros políticos del régimen. Confirmando la ausencia de independencia de los poderes públicos en Venezuela, la ley dictada por Maduro incluye incluso al Consejo Nacional Electoral como parte de este “sistema” de control policial. El SP3 contará con su propia instancia operativa que actuará como “centro integrado de procesamiento de información”. Las connotaciones políticas de esta instancia policial fueron debidamente resaltadas por Maduro y Meléndez. El SP3 derrotará la «amenaza paramilitar que se ha metido por culpa de la derecha en nuestro país», afirmó Maduro el 19 de noviembre. Su ministra confirmó que el sistema busca hacer frente a eventos como las protestas registradas en Venezuela a principios del año 2014, las cuales durante una entrevista televisada el 20 de noviembre en el canal VTV, Meléndez calificó como “terroristas”.
En copia del funcionamiento del Gobierno cubano, Maduro reformó la Ley de la Administración Pública para crear las “vicepresidencias sectoriales”, figura no contemplada en la Constitución vigente.
A los efectos del “socialismo territorial”, el país queda dividido en regiones de desarrollo integral, zonas de desarrollo estratégico, distritos motores, zonas económicas especiales, zonas de conocimiento productivo. El presidente podrá crear otras “figuras organizativas” y ordenar regímenes tributarios especiales para atraer inversiones. Maduro dictó igualmente una ley de inversiones extranjeras que junto a las zonas especiales de desarrollo, son remedos de las actuales recetas del régimen cubano.
Las nuevas divisiones territoriales creadas por Maduro se sobreponen sobre estados y municipios, restándole la capacidad de gestión a esas instancias.
Los gobiernos municipales pierden su autoridad en materia de servicios urbanos, es decir, su razón de ser. La ley sobre “Desarrollo Socio-productivo de la Patria”, alegando “el derecho a la ciudad consagrado en la construcción del socialismo” establece que el equipamiento y los servicios urbanos pasan a manos del Gobierno nacional. Los gobernadores y alcaldes (electos popularmente…) “podrán elaborar planes de equipamiento urbano” pero su ejecución dependerá de la aprobación de un ministerio. Incluso las decisiones sobre uso del suelo, materia típicamente municipal, fue tomada por Maduro y entregada a las funciones de un ministerio.
La Ley para “gestión comunitaria”, parte del paquete de leyes de Maduro, amplia la transferencia de recursos en detrimento de las instancias municipales y a favor del “Poder Popular” (inexistente en la Constitución) y que está formado por la red de comunas, consejos comunales y “empresas sociales” controladas por el chavismo a través del Ministerio de las Comunas, encabezado por Elias Jaua.
En medio de los preparativos para los comicios legislativos del año 2015, el régimen chavista ha definido el “poder popular” reconocido y financiado por el Estado, como una de las llaves operativas para su campaña. Mediante la Ley de financiamiento a “las organizaciones de base del Poder Popular”, Maduro dispone un mecanismo para financiar “emprendedores” de los consejos comunales, comunas, empresas de propiedad social, unidades productivas familiares y “sistemas de trueque” (sic!!!). Los recursos estatales, supuestamente reembolsables, serán drenados por el “Banco del Pueblo Soberano” y por el “Fondo de Desarrollo Microfinanciero” (bajo control de Jaua) y podrán ser destinados a una extensa gama de objetivos: formación para el trabajo, compra de vehículos, capital de trabajo, salud comunal o “esparcimiento y recreación”.
Las nuevas leyes amplían los ya masivos controles sobre la actividad económica privada. La ley del “Sistema Nacional Integral Agroalimentario” consagra el sistema de controles y permisos para la movilización de insumos y productos en toda la cadena, incluyendo el mercadeo al detalle. Esa ley crea además un “sistema de registro integral de “procesos, actores y sectores” del sector agrícola. Una ley con apariencias de promover la libre competencia económica también fue dictada por Maduro, bajo el título de “Ley Antimonopolio”. La misma no será aplicada a las empresas del Gobierno o aquellas que pertenezcan al “poder popular”. La ley prohíbe prácticas que limiten la “competencia económica”, pero igualmente aquellas que afecten la “democratización” en la producción. La confiscación, sin proceso de defensa del acusado, fue establecida en la “Ley de Precios Justos” en casos de “contrabando de extracción”.
Las leyes de Maduro incluyen la creación de decenas de nuevos organismos burocráticos, muchos de los cuales no reemplazan a los preexistentes sino que se suman a la larga lista de entidades oficiales. Una breve lista de los nuevos organismos: Sistema Popular de Protección de la Paz (SP3), Cuerpo Nacional contra la Corrupción, Policía Nacional Anticorrupción, Coordinación General Nacional de Misión Agrovenezuela, Superintendencia Antimonopolio, consejos de gestión para cada zona de desarrollo estratégico, Consejo de Planificación Comunal, brigadas mineras, Fondo Social para la Minería, entre otros.
Con un inocultable sentido fiscalista, pero con un impacto directo en la capacidad de movilización de la población, Maduro decidió encarecer la emisión de pasaportes, quitándoles su condición de documento de identidad y calificándolo como “documento de viaje”. La tarifa para la emisión del pasaporte subió de US$141 a US$231 (equivalencia en tasa oficial de cambio). La búsqueda de más ingresos no se olvidó de pechar agresivamente bienes negativos: el impuesto a la manufactura de cigarrillos y otros de tabaco fue incrementada a 70% y exigen a los fabricantes el pago del tributo antes de poner en circulación el producto. La tasa de impuesto a los licores subió de 20% a 50%. Con las universidades privadas en la mira, Maduro dictó una reforma tributaria que elimina las exoneraciones que beneficiaban a fundaciones privadas.
La legislación militar también fue objeto de cambios por las leyes dictadas por Maduro. Sobre el tema nos enfocaremos en el próximo Informe Otálvora.
Edgar C. Otálvora / Analista / Diario Las Américas