Una división de espionaje está encargada de intervenir correos y conversaciones telefónicas privadas con la asesoría presencial de militares y agentes de inteligencia cubanos.
De acuerdo con una denuncia del periodista y locutor Daniel García, de San Cristóbal, estado Táchira, la Compañía Anónima de Teléfonos de Venezuela (CANTV) tiene una división de espionaje y sabotaje encargada de intervenir correos y conversaciones telefónicas privadas en todo el país, así como bloquear contenidos “inconvenientes” en portales web.
Estas tareas se ejercen con la asesoría presencial de militares y agentes de inteligencia cubanos, quienes utilizan tecnología y software de punta italiano y ruso desarrollados en la Universidad de Ciencias Informáticas de La Habana. Esta división está en capacidad de intervenir comunicaciones automáticamente cuando en ellas se pronuncian ciertos términos de interés para la inteligencia porque supuestamente son amenazantes para el Gobierno.
Desde que el difunto presidente Hugo Chávez nacionalizó CANTV en 2007, el régimen asumió el control de 70 por ciento de las llamadas telefónicas nacionales, 42 por ciento de las internacionales y 83 por ciento del tráfico por internet de Venezuela. Hoy, estos porcentajes han aumentado a más de 85 por ciento en todos los rubros.
Las primeras pistas sobre los nuevos sistemas de espionaje y sabotaje venezolanos fueron reveladas en 2012 por el español Matías Bevilacqua, quien admitió que años atrás había desarrollado un primer programa de seguridad y piratería informática contratado por Hugo Chávez.
Las agresiones contra las libertades de información y opinión abundan en todos los campos y se profundizan en Venezuela.
El Gobierno de Venezuela está próximo a aprobar un proyecto de ley que establecerá que las comunicaciones podrán ser interceptadas legalmente. Si la Asamblea Nacional llegara a aprobar la reforma de la Ley contra la Delincuencia Organizada, podrán interceptar documentos, correspondencia y comunicaciones inalámbricas, sin orden judicial. Las agresiones contra las libertades de información y opinión abundan en todos los campos y se ahondan en Venezuela.
El periodista venezolano Marcos Morín Aguirre, excolaborador del canal de televisión colombiano NTN24, fue apresado en abril pasado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y, tras recibir una golpiza, fue sometido a un interrogatorio que tenía más amenazas que preguntas.
“Sabemos dónde trabajas y estamos al tanto de tus movimientos en Chacao. Eres un fascista, un traidor, estás divulgando cosas que no son. ¿Por qué mandas información a Colombia? ¿Tienes algún nexo con paramilitares?”, le dijeron los agentes.
El arresto ilegal del periodista durante más de cinco horas en Caracas se debió a una serie de fotografías e informaciones que publicó sobre las protestas sociales que recientemente sacudieron al país. Además de las amenazas y el interrogatorio que le hicieron dentro de un carro, fue vilipendiado y agredido. También fue despojado de sus equipos y documentos personales, que nunca fueron devueltos.
Morín Aguirre cuenta: “Les exigí que me mostraran la orden de detención por los supuestos delitos informáticos en los que había incurrido, me dijeron que no me mostrarían nada porque iba para el helicoide (sede principal del SEBIN), y segundos después me cogieron a golpes”.
La detención arbitraria e ilegal de Morín Aguirre para conminarlo y amedrentarlo es solamente un episodio entre miles de las vejaciones y falta de garantías que hay para ejercer el periodismo en Venezuela. Cuando los medios cubren manifestaciones en contra del Gobierno, son señalados de producir zozobra e incentivar la violencia, además de ser sancionados.
La crisis venezolana no se limita al desabastecimiento de alimentos y medicinas, a la hiperinflación, al desempleo, la corrupción oficial y al contrabando. La censura de prensa y el control estatal de los medios de comunicación crece más cada día y aparta a la sociedad de las posibilidades de expresarse y recibir información independiente y comentarios sobre la realidad nacional. Con el cierre definitivo de Radio Caracas Televisión, en mayo de 2007, el Gobierno aumentó una serie de medidas restrictivas que van hasta el bloqueo de páginas web.
Radio Caracas Televisión era el sistema privado de radio y televisión más grande, antiguo y de mayor éxito del país, fundado en 1953.
Catalina Botero, exrelatora para la Libertad de Expresión de la OEA declaró que “no existe ninguna garantía para el ejercicio libre del derecho a expresarse, el Gobierno suele entender que una expresión crítica como salir a protestar o no estar de acuerdo es casi ilegal y subversiva”.
Algunos medios han clausurado sus actividades debido a la falta de insumos para funcionar, como papel periódico, debido a que el Gobierno se niega a suministrarle divisas para hacer las adquisiciones que necesitan. Otros han sido vendidos a empresarios afines al régimen.
La ONG francesa Reporteros sin Fronteras informó que más de 40 periódicos se han perjudicado y se han visto obligados a reducir su número de ejemplares e, incluso, suspender sus tiraje debido a la carencia de papel.
El uso de fuentes de información, los temas que los periodistas pueden abordar legalmente y los horarios en que les es permitido divulgarlos según el grado de inconveniencia para el Gobierno, están determinados en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.
Las protestas, manifestaciones o revueltas populares no pueden ser transmitidas en vivo y la violación a esta norma es sancionada con multas o con la suspensión de su programación regular. La reincidencia se castiga con clausura del medio o pena de cárcel para sus dueños y directivos.
Durante la cobertura de las manifestaciones que se realizaron este año, muchos periodistas fueron golpeados por piquetes de colectivos chavistas provistos de garrotes y miembros de la Guardia Nacional. Hay denuncias de al menos 170 casos de agresiones físicas contra periodistas, según Reporteros Sin Fronteras, organización que también denunció robos a periodistas locales y extranjeros que padecieron la destrucción de sus equipos y detenciones arbitrarias.
En el transcurso de los motines también fue bloqueada por varios días la posibilidad de publicar fotografías en Twitter. Además, el Gobierno venezolano amenazó con cortarle la señal al canal estadounidense CNN en Español, que realizó una amplia difusión de las manifestaciones.
“¡A los periódicos les llegará su hora!”, anunció el presidente Nicolás Maduro el pasado 7 de febrero durante un acto público en el Estado de Miranda, y agregó: “Me llamarán dictador, no me importa, pero voy a endurecer las normas para acabar con el amarillismo y con la propaganda que alimenta la muerte”.
El periodista Erasmo Rosales, de Radio Éxitos-103.1 afirmó: “Tenemos temor en los medios de comunicación porque estamos muy controlados, sin embargo, con las nuevas redes todo se sabe”.
Morín Aguirre, por su parte, aseguró: “En Venezuela tenemos un bloqueo informativo muy fuerte. De hecho, para no perder la señal la mayoría de los medios han bajado la línea editorial en contra del Gobierno, por lo que los medios de comunicación inclusive impresos han decidido no transmitir cualquier cosa que vaya en contra del Estado, pues ahí está el antecedente de Radio Caracas Televisión”.
Dadas las diferentes formas de represión a los medios en Venezuela, los periodistas con frecuencia optan por la autocensura ante el temor de producir información que no satisfaga o le resulte “molesta” al Gobierno.
Un estudio del Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela determinó que el 29 por ciento de los encuestados reconoció que se han inhibido de desarrollar un contenido por miedo a que el medio no lo difunda; mientras que el 28 por ciento dijo que lo hizo para evitar amenazas contra su seguridad e integridad personal. Según el mismo estudio, el 43 por ciento de los periodistas recibe instrucciones que prohíben la cobertura de asuntos públicos concretos.
El periodista Omar Labrador sabe que hay puntos álgidos, tácitamente prohibidos, que no se pueden mencionar al aire. Uno de ellos es, por ejemplo, el linchamiento de un directivo de un colectivo chavista que fue eliminado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
“Los colectivos, grupos armados y financiados por el Gobierno, funcionan como frentes medianamente guerrilleros para evitar cualquier intento del pueblo de levantarse como oposición en contra del régimen totalitario que se está imponiendo. Si tú dices eso al aire, puedes ser objeto de una investigación y detención”, dijo Labrador.
El informe del Instituto de Prensa y Sociedad evidenció y concluyó que los obstáculos que interfieren la labor periodística, así como las presiones internas y externas aumentan las dificultades para el ejercicio de la labor informativa. Pero, además, promueven la impunidad.
“Antes de publicar una noticia incómoda un medio suele consultarlo en una mesa editorial hasta tres y cuatro veces, porque no saben si será sancionado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, encargada de la censura”, subrayó el periodista Marcos Morín Aguirre, periodista de PIN Radio.
Hechos recientes, como la avalancha de renuncias de periodistas del periódico El Universal, son prueba del deterioro de la libertad de prensa.
Por regla general, los reporteros son ordenados a minimizar los sucesos. Un ejemplo es el caso de Roberto Deniz, periodista a quien le cambiaron el título y el sumario de un artículo para tergiversar el mensaje noticioso. El titular original era: “Venezuela en el último lugar en derechos de propiedad” y esta era la entradilla de la nota: “El país está en el puesto 97 del Índice de derechos de propiedad”. La nota finalmente fue publicada con el título “Presentan informe de índice de derechos de propiedad” y la siguiente entradilla: “CEDICE (Institución defensora de la libertad individual, los derechos de propiedad y el libre mercado en Venezuela) muestra en Caracas el estudio de Property Rights Alliance”.
Quienes no difundan noticias beneficiosas para el Gobierno son calificados como “conspiradores”. Prueba de ellos es esta declaración del diputado oficialista, Omar Hernández, quien sostiene que hay medios de comunicación que se declararon “enemigos públicos de la revolución que crean cualquier tipo de información para generar desestabilización emocional en la población”.
En medio de la censura, la red social Twitter se ha convertido en uno de los principales medios para informarse pero el Gobierno también ha tomado represalias contra quienes trinan en contra del régimen. De hecho, seis personas fueron detenidas por divulgar las fotografías del cadáver del diputado Robert Serra, asesinado de un disparo en la cabeza. También, periodistas y políticos han denunciado el bloqueo de sus cuentas por difundir información que le disgusta al gobierno.
El deterioro de la libertad de expresión impide que los reporteros puedan trabajar de manera autónoma. Precisamente, en medio de las entrevistas que realicé en Venezuela, me enteré de que debía tener una autorización del Gobierno para poder recoger legalmente la información necesaria para esta serie de crónicas. Según la ley venezolana, no se puede ejercer el periodismo sin pedirle primero al Gobierno una acreditación y este decide si la otorga o no. Si el paz y salvo es expedido, el Gobierno puede clausurarlo cuando considere que el trabajo del periodista acreditado es inconveniente.
Los sueldos paupérrimos son otra característica del periodismo venezolano. Es el caso de la gerente de un grupo radial de cinco emisoras en San Cristóbal, estado Táchira, quien gana mensualmente el equivalente a 108 dólares, o el de un reportero que recibe un salario de 65 dólares, con 12 años de experiencia.
Sin embargo, es muy complicado conseguir empleo como periodista en Venezuela. Los profesionales recién graduados no consiguen y en las zonas de frontera con Colombia muchos egresados optan por dedicarse al contrabando.
“Tengo un año y cuatro meses de haberme graduado como licenciada en Comunicación Social, pero, lamentablemente, este es un país donde las oportunidades cada vez están más cerradas, donde prácticamente el Gobierno acabó con el sector privado y con las plazas de trabajo”, relató Ivanna Molina.
En el mes pasado, en la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) Venezuela figuró como uno de los países iberoamericanos con el peor balance de libertad de expresión y de prensa. A la par con Cuba y Ecuador.