En la audiencia del pasado 17 de diciembre en la corte del Distrito Sur de Nueva York, uno de los sobrinos de la primera dama Cilia Flores, Efraín Campo Flores, formalizó el cambio de sus defensores alegando que no contaba con los recursos para pagar a su abogado privado, que de hecho ya había contratado. La firma Squire Patton Boggs entregó al nuevo defensor parte de las pruebas recabadas por la DEA y presentadas por la fiscalía en la acusación.
Kafahni Nkrumah, asumió el mismo día como nuevo abogado defensor, otorgado por el estado ante la declaración de falta de recursos.
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Lo que no contó el Efraín Campo Flores, es lo que había tras esa extraña decisión. Y es que de acuerdo a ley estadounidense, Efraín debía comprobar de dónde obtuvo los recursos para pagar a dicha firma de abogados, que dicho sea de paso es una de las más costosas del mundo. Tan solo la asesoría inicial tenía un costo de 2 millones de dólares.
Ante esta realidad, el sobrino y ahijado de Nicolás Maduro decidió cambiar su jugada. Y anunció que no contaba con los fondos para pagarlo. Pero la cosa no es tan sencilla.
Con esta decisión, avalada por el juez Paul Crotty, los abogados salientes entregaron una parte del expediente con las evidencias aportadas por la fiscalía, que incluyen pruebas recabadas por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para sustentar la acusación por conspiración para transportar un alijo de cocaína a Estados Unidos.
Antes de que esto ocurriera, los tres abogados (John Reilly, Rebekah Poston y Nkrumah) conversaron con el acusado. Luego Campo Flores firmó un documento llamado compromiso de incapacidad financiera (financial affidavit) que lo hace merecedor de un abogado de defensa pública.
El hijastro de Nicolás Maduro tuvo que jurar ante la justicia estadounidense que carece de dinero suficiente para pagar su defensa. En las próximas semanas la Fiscalía podría investigar si el juramento es cierto.
Mentir a las autoridades federales también es un delito grave.
El diario El Nacional reseña que se conocen casos en los que los acusados se declaran incapaces de pagar una defensa privada, y luego se descubre que poseen propiedades u otros activos. Esto genera nuevos cargos y penalidades, adicionales a los cargos de base, lo que sumaría mayor tiempo de condena.
Un caso conocido fue el de Kenelma Betancourt-Contreras, detenida en Puerto Rico en conexión con el hallazgo de 5,3 kilos de cocaína. La mujer es hija de un coronel retirado del Ejército venezolano. En 2006 un jurado la encontró inocente de los cargos. Durante el proceso ella fue defendida por un abogado público, pues aseguró que no poseía fondos para pagar un litigante privado. Pero la Corte hizo una investigación y determinó que ella poseía en ese momento una casa en Florida valorada en 200.000 dólares, además de una camioneta. En Venezuela, la procesada también tenía dos inmuebles, además de una tienda. Fue obligada a reembolsar el dinero que pagó el Estado por los honorarios del defensor público.
El abogado experto en derecho penal y litigio comercial, Eduardo Palmer asegura que las leyes de Estados Unidos establecen claras sanciones para aquellos acusados que cometen delito de perjurio y hay casos de penalización. No obstante, en la práctica suele ocurrir que el fiscal que lleva el caso tiene poco presupuesto y tiempo para llevar el caso por el que el acusado está siendo juzgado, por lo cual suelen dedicarse a la causa mayor, dejando de lado la investigación por perjurio.
Esta situación puede cambiar si hay una solicitud específica que lleve al fiscal a averiguar que el acusado mintió en su declaración jurada para declararse incapacitado financieramente, o reciba órdenes motivado a que haya una clara sospecha de que hubo mentira. Hay muchas excepciones que han llevado a la penalización, dijo el experto.
Explica que en estos casos, el fiscal que es la parte acusadora puede intuir y por ende investigar y descubrir que hubo falso testimonio, lo que lo obliga a establecer una solicitud ante la corte para que el acusado sea penalizado por ese otro caso en particular.
Documentación
De acuerdo con lo explicado esta semana por el nuevo abogado de la defensa, Kafahni Nkrumah, su oficina necesita aproximadamente 60 días para revisar las pruebas presentadas por la fiscalía en este caso.
Son muchos documentos, grabaciones y cerca de 25 GB de información, que incluye correos electrónicos, grabaciones y otros documentos. Esta fase del procedimiento judicial se denomina descubrimiento e incluye el conocimiento de la información. El abogado trabajará este caso con un grupo de cinco asistentes.
En sus declaraciones a la prensa, Nkrumah dijo no haber tenido contacto con ningún miembro del gobierno de Venezuela. No obstante, se conoció que el nuevo abogado ha estado involucrado con el chavismo desde hace más de 11 años y que es militante de las causas por la igualdad de razas en Nueva York.
En un principio se pidieron 45 días para fijar la cita, pero a petición de Nkrumah se otorgaron 60 días. Por eso la audiencia se realizará el 29 de febrero de 2016 a las 12:00 m.
Mociones previas
Alexander Alfano, litigante penal y docente de la Universidad Saint Thomas (Florida), afirma que es muy probable que se introduzcan mociones previas al juicio. En función de estas, los acusados pueden declararse culpables o ir a juicio.
Las peticiones más comunes intentan suprimir evidencia. Se busca evitar que durante el juicio la fiscalía presente informaciones obtenidas de forma que se considere ilegal. La audiencia de supresión se lleva a cabo en corte abierta y, generalmente, con la asistencia de testigos. El abogado de la defensa puede contra-interrogar a los testigos del gobierno (fiscalía) y presentar otros.
Si el juez dictamina que no hubo violaciones, la evidencia será admisible durante el juicio.
Alfano explicó que los defensores también recibirán lo que se conoce como material 3500. Consiste en declaraciones hechas por testigos del gobierno que comparecerán en el juicio. De igual manera, la defensa debe proporcionarle al gobierno cualquier declaración previa hecha por los testigos que ellos convoquen.
La mayoría de los casos federales resulta en admisiones de culpabilidad. Si una persona decide declararse culpable, puede hacerlo con o sin un acuerdo declaratorio (plea agreement), que explica lo convenido entre la parte acusadora y la defensa acerca de los cargos que se admitirán, los que serán descartados o desestimados, así como muchos otros detalles acerca de las pautas de sentencia (sentencing guidelines).
Estos acuerdos entre acusadores y acusados no serán definitivos hasta que un juez los revise y decida que son aceptables. Incluso si el juez lo considera aceptable no está obligado a regirse por él. Un acuerdo declaratorio puede contener un estimado de sentencia con el que el juez no concuerda. Si el juez impone una sentencia distinta a la que se encuentra en el acuerdo declaratorio, el cliente no podrá retirar su declaración de culpa.
La defensa saliente
En una breve conversación, la abogada saliente Rebekah Poston se negó a informar sobre las causas reales de la renuncia en atención a un protocolo de compromiso de confidencialidad con el cliente. Asimismo dijo que regresaría a las oficinas de Miami, pertenecientes al bufete Squire Patton Boggs para continuar con sus labores como litigante.