Venezuela, en riesgo de default por el pago retrasado de un bono de su petrolera PDVSA, debía cancelar este viernes otros 81 millones de dólares, primera obligación a cumplir desde que el presidente Nicolás Maduro anunció que buscará renegociar la deuda externa.
Entrada la noche, el pago de la cuota no ha sido confirmado.
Un comité de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA), que agrupa a tenedores privados de deuda, decidió este viernes reunirse el lunes en Nueva York para evaluar las consecuencias del atraso de pagos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) a sus acreedores internacionales.
Un análisis negativo de la ISDA desencadenaría un eventual default e iniciaría el pago de CDS (Credit Default Swaps), seguros contratados por los acreedores.
El gobierno aseguró hace una semana que había comenzado la transferencia de 1.161 millones de dólares del bono 2017 de PVDSA, pero los tenedores aún no habrían recibido el pago.
Ahora vencen 81 millones de intereses del bono PDVSA 2027, tres días antes de un encuentro con tenedores en Caracas, convocado por Maduro al anunciar un plan para «reestructurar y refinanciar» la deuda externa, de unos 150.000 millones de dólares.
Un reporte de la firma Wilmington Trust aumenta las dudas: la estatal eléctrica Corpoelec habría incumplido con intereses de un bono por 650 millones de dólares, aunque la compañía aseguró que transfirió los recursos el miércoles.
Esta semana, las agencias Fitch, Standard and Poor’s y Moody’s rebajaran la calificación de la deuda venezolana, advirtiendo del default a corto plazo.
«Estamos al final del juego y se volvió una cuestión de días -no semanas- hasta que se confirme el incumplimiento», opinó Capital Economics. El gobierno deberá cumplir el lunes con otros 200 millones de dólares más de rendimientos.
En total, debe cancelar de 1.470 a 1.700 millones de dólares en intereses de bonos en lo que resta de 2017.
– «Persecución financiera» –
Las sanciones que impuso Estados Unidos a Venezuela en agosto impiden al gobierno recurrir a fuentes externas de capital y a inversionistas norteamericanos negociar deuda venezolana.
«Eso dificulta llegar a un acuerdo con sus acreedores», comentó a la AFP Andrea Saldarriaga, analista para América Latina del centro Atlantic Council. Un 70% de los tenedores de bonos son estadounidenses y canadienses.
«A esto se suma la falta de liquidez de Venezuela», agregó. Con la economía devastada y reservas internacionales de 9.700 millones de dólares, Venezuela encara obligaciones para 2018 por más de 8.000 millones.
Otro obstáculo es que Maduro designó como principal negociador al vicepresidente Tareck El Aissami, a quien Washington incluyó en una lista de funcionarios venezolanos sancionados, prohibiendo a sus ciudadanos tratar con ellos.
El gobierno de Donald Trump sumó el jueves a otros 10 funcionarios al listado y la Unión Europea prevé aprobar el lunes sanciones contra Venezuela. Maduro acusa a Estados Unidos y sus «cipayos» de una «persecución financiera» para asfixiar a su gobierno socialista.
Pero ve un salvavidas en sus aliados China, al que Venezuela adeuda unos 28.000 millones de dólares, y Rusia, que está por firmar un acuerdo para reestructurar 3.000 millones de los 8.000 millones que le debe Caracas.
«Maduro puede estar esperando que los tenedores de bonos presionen al gobierno de Trump por algún tipo de exención», según Risa Grais-Targow, directora para América Latina de Eurasia Group.
– Consecuencias –
El gobierno ha sido ambiguo: habla de «refinanciación» (oferta de canje de bonos) y «reestructuración» (que obligaría a los acreedores a aceptar nuevos términos).
Expertos advierten que para ambos procesos Caracas necesita un plan de reformas económicas. «Garantías de con qué va a pagar», apuntó el economista Orlando Ochoa.
Con el desplome de los precios del petróleo, fuente de 96% de divisas del país, el gobierno recortó drásticamente las importaciones para evitar el cese de pagos, provocando una severa escasez de alimentos y medicinas.
Según Eurasia Group e IHS Markit, si dejara de pagar, Maduro tendría un alivio temporal con dinero para importar bienes básicos de cara a las elecciones presidenciales de 2018.
Pero a mediano plazo, advirtió Ecoanalítica, un default profundizaría «la recesión» en un país con cuatro años de contracción (36%), al borde de la hiperinflación y con una producción petrolera que cayó 23% desde 2008 hasta 1,9 millones de barriles diarios.
«A largo plazo, las consecuencias financieras agravarían el descontento social y potencialmente debilitarían el apoyo interno al gobierno», consideró Grais-Targow.
Venezuela enfrentaría además litigios internacionales y el embargo de activos de PDVSA en el exterior, como CITGO, filial en Estados Unidos, o de cuentas por cobrar.
Con información de AFP
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