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¡EN LA MIRA! Extrema preocupación del IBAHRI por la continua violación de DDHH en Venezuela

Las constantes amenazas de Diosdado Cabello a los defensores de los Derechos Humanos en Venezuela, llevaron a que el Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados, o IBAHRI por sus siglas en ingles, expresaran su preocupación por la persecución que sufren los abogados y defensores de estos derechos fundamentales en el país. 

El pedido público realizado por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, para que se encarcelara a los abogados defensores de la jueza María Lourdes Afiuni es un ejemplo de una tendencia preocupante, refleja el informe.

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Cabello, que es también el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, hizo el comentario el 22 de julio de 2015 en el programa de televisión Con el Mazo Dando, del que es conductor. Durante el programa, pidió el encarcelamiento de Juan Garantón, Thelma Fernández y José Amalio Graterol con el argumento de que supuestamente incurrieron en desacato.

Hace un tiempo, un grupo de especialistas de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó sus profundas preocupaciones por el uso de Con el Mazo Dando, transmitido por la red estatal, para atacar a los defensores de los derechos humanos e instó a las autoridades venezolanas “de poner fin a este vergonzoso acoso televisado de activistas de derechos humanos en Venezuela”.

Hans Corell, copresidente del IBAHRI, comentó: “El IBAHRI quisiera recordar a las autoridades venezolanas sus responsabilidades conforme al derecho internacional, incluidos los instrumentos de derechos humanos interamericanos, de proteger y sostener los derechos humanos y la independencia de la profesión legal. Entre ellas, está el principio fundamental según el cual los abogados no deben ser asociados con las causas de sus clientes”. Agregó: “Es inaceptable que los abogados defensores José Amalio Graterol, Thelma Fernández y Juan Garantón sean reprendidos públicamente por Cabello. La consecuencia probable de dicha acción es intimidar y someter a la profesión legal de Venezuela en general. Dado que los abogados encuentran obstáculos en llevar adelante sus deberes profesionales con eficacia, esto a su vez llevará al socavamiento de la confianza pública en la administración de justicia en el país”.

Con información de La Patilla.

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