Human Rights Watch (HRW) aseguró que los venezolanos, que superaron los 451.000 en septiembre, siguen experimentando limitaciones para obtener visados en Ecuador.
EFE/ Xavier Montalvo
La entidad afirma que pese a que es uno de los países de la región más garantistas en cuanto a la protección de migrantes y refugiados, aún existen trabas que impiden a los venezolanos permanecer de forma regular, especialmente por el costo elevado de los trámites.
El informe anual de HRW, correspondiente a 2021, expone la precaria situación en las cárceles, la inseguridad y las restricciones de derechos o limitada protección a mujeres, niños y refugiados en Ecuador.
«Las pobres condiciones carcelarias y la violencia, el uso indiscriminado de la fuerza por los organismos de seguridad, las restricciones al acceso a la salud reproductiva de mujeres y niñas, y la limitada protección de los derechos de niños y refugiados siguen siendo graves preocupaciones», reza el reporte de la ONG difundido este jueves.
Y destaca que en mayo de 2021, al asumir la Presidencia, Guillermo Lasso adoptó como una de sus primeras medidas la de promulgar un proyecto de Ley de Libre Expresión y Comunicación, a fin de derogar la norma hasta entonces vigente emitida por el presidente Rafael Correa, que «había dañado severamente la libertad de expresión».
También resalta el hecho de que entre los 137 legisladores que resultaron elegidos por primera vez está una indígena como presidenta de la Asamblea Nacional.
Pese a que bajo el Gobierno de Lenín Moreno se acometieron mejoras democráticas para garantizar la independencia de instituciones claves, aún durante el año pasado, «persistieron retrasos injustificados en juicios, funcionarios gubernamentales presionando impropiamente a las cortes y una falta del debido proceso en casos de corrupción de alto perfil».
El informe de la organización que defiende los derechos humanos en un centenar de países menciona también la existencia de acusaciones de corrupción a funcionarios involucrados en la respuesta a la pandemia de la COVID-19. Se refiere a denuncias que fueron conocidas durante el mandato del expresidente Moreno.
Respecto al desempeño de las fuerzas de seguridad, HRW se hace eco de un informe de la Defensoría del Pueblo que investigó las protestas sociales de 2019 y la muerte de 6 manifestantes, que atribuyó el 75 % de las violaciones a los derechos humanos a la Policía y el 13% al Ejército.
Pero pone el foco en la situación de las prisiones en el país andino, caracterizada por unas «pobres condiciones, violencia, salud inadecuada y problemas de larga duración».
Detalla, por ejemplo, que más de 600 reclusos contrajeron COVID-19 y varios fallecieron; que en septiembre 118 murieron y 52 resultaron heridos (en una masacre sin precedentes) y que en febrero y julio se produjeron más de un centenar de muertos y heridos de detenidos y fuerzas de seguridad, incluida una oficial que fue violada.
En relación con la mujer, recalca la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto por violación en abril, si bien denuncia que entre enero y septiembre, según datos de la Fiscalía, se produjeron 49 femicidios, cifra que las organizaciones de mujeres elevan a más de un centenar.
Redacción Maduradas con información de EFE
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