La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, estaría planificando lo que sería su estocada final contra el régimen de Nicolás Maduro, que a su vez evalúa destituir a la funcionaria.
Ortega Díaz podría acusar a funcionarios del régimen que han cometido delitos de corrupción y violaciones de los derechos humanos, según reveló el periodista Nelson Bocaranda en sus acostumbrados «runrunes«.
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«Desde el Ministerio Público podrían estar por salir solicitudes de antejuicio de mérito para funcionarios públicos que hayan incurrido en ilegalidades, abusos contra los DD.HH., órdenes violentas, corrupción y otros delitos», indicó Bocaranda.
Asimismo, rogatorias internacionales sobre investigaciones a funcionarios en el exterior. Un ejemplo, el caso “Lava Jato” de la corrupción financiada por Andrade Guitierrez y Odebrecht para ayudar a personajes de los gobiernos de Lula, Dilma, Chávez y Maduro.
Desde que Ortega Díaz ha asumido una postura crítica ante los más recientes abusos del régimen le han llovido ataques por parte del chavismo. Se especula que Maduro está buscando la manera de sustituir a la fiscal.
Maduro revive el mal rato que sufrió el expresidente Carlos Andrés Pérez al enfrentarse a la Fiscalía General. Pérez fue el primer presidente en enfrentar un juicio luego que el chavista José Vicente Rangel denunciara la malversación de 250 millones de bolívares pertenecientes a la partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores el 8 de noviembre de 1992.
El fiscal general de la República en ese entonces, Ramón Escovar Salom, ordenó iniciar el antejuicio de mérito y el 20 de mayo de 1992, la Corte Suprema de Justicia lo declaró con lugar.
Al igual que a Pérez, contra Maduro se solicitó ante la Fiscalía una solicitud formal para que se iniciaran las averiguaciones correspondientes sobre su presunta complicidad en el caso de narcotráfico de sus sobrinos presos en Nueva York y que esto llevara a la apertura de un antejuicio de mérito por el TSJ, por supuesto esta denuncia no tuvo respuesta alguna.
La clara diferencia de la época de Pérez y Maduro es que la extinta Corte Suprema, ahora el Tribunal Supremo de Justicia, está subordinado al Ejecutivo y ha bloqueado cualquier acción en su contra.
Redacción Maduradas/ Con información de Runrunes y El Cooperante.
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