La autorización de la extradición a Estados Unidos desde Cabo Verde del empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, ha animado las especulaciones de una pronta llegada a Miami, donde la defensa y la fiscalía llevan casi dos meses preparando el terreno para un posible juicio.
Yuri Cortéz / AFP
Pese a que la defensa en Cabo Verde de Alex Saab adelantó que apelará el fallo de extradición, la batalla judicial en Estados Unidos no se ha frenado.
Esta semana el juez Robert Scola, a cargo del caso de Saab, celebró una audiencia con los abogados del empresario colombiano y los fiscales, que representan a Estados Unidos en este caso.
El motivo era tratar de las peticiones de la defensa de Saab para que se le retire el título de prófugo de la justicia y se le permita responder a las acusaciones contra él en Miami sin pisar Estados Unidos.
Saab está detenido desde junio pasado en Cabo Verde en razón de una orden de captura con fines de extradición solicitada por Estados Unidos y el proceso ha tenido muchas idas y vueltas antes de que el miércoles 17 de marzo el Tribunal Supremo autorizara su entrega al gobierno estadounidense.
La defensa ha tratado de convencer al juez a cargo de su caso en Miami de que le autorice a responder a la acusación desde fuera del territorio estadounidense, algo que los fiscales rechazan de plano.
Uno de los últimos documentos introducidos al expediente del caso es uno de esta misma semana en el que la fiscalía deja constancia de un fallo de otro tribunal estadounidense en un caso similar, con el fin de apoyar su posición en contra de las peticiones de los abogados de Saab, sobre las que el juez Scola aun no se ha pronunciado.
El precedente al que la fiscalía hace referencia en el documento es el fallo dictado por el juez William Zloch en el caso de Estados Unidos contra De Morales Sante en 2018.
La decisión del Tribunal Supremo de Cabo Verde puede hacer que estas discusiones quizás vayan a tener ya poco recorrido, pero han calentado el ambiente en el tribunal.
Fuentes del equipo legal de Saab en Cabo Verde confirmaron a Efe que han recibido notificación de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de autorizar la extradición del empresario, nombrado por el régimen de Nicolás Maduro como enviado especial y representante permanente adjunto ante la Unión Africana.
La defensa está actualmente estudiando la decisión, pero anunció que presentará una apelación ante el Tribunal Constitucional y reafirmó su confianza en que «el embajador Saab será puesto en libertad».
En Estados Unidos Saab esta acusado de conspirar para lavar dinero y de lavado de instrumentos financieros, al igual que su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, también colombiano.
La acusación que le espera en Miami
De acuerdo la acusación, Saab y Pulido lavaron hasta 350 millones de dólares que supuestamente defraudaron a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
En un comunicado difundido en julio pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos alegó que, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros individuos para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela hasta cuentas bancarias en Estados Unidos, razón por la que Washington dice tener jurisdicción en el caso.
El objetivo de los acusados «era enriquecerse mediante el pago de sobornos a funcionarios venezolanos», según el escrito de acusación. Mediante el pago de mordidas, presuntamente, obtuvieron en noviembre de 2011 un contrato del régimen venezolano para construir viviendas de bajos ingresos.
Los fiscales federales afirman que los suministros de las viviendas del contrato nunca se entregaron y que se sobornó a los funcionarios venezolanos para que firmaran las facturas.
También usaron los sobornos para acceder a dólares a un precio preferencial en el marco del sistema cambiario de Venezuela, bajo el cual había diferentes tipos de cambio y los altos rangos del régimen podían obtener dólares estadounidenses a una tasa favorable.
Luego, se llevaban ese dinero a bancos de Estados Unidos, intentando ocultar su origen ilícito, de acuerdo con la fiscalía.
Además de esta acusación, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Saab y Pulido, junto a otros ocho individuos, por otro caso relacionado con el programa de comida subsidiada conocido como el Comité Local de Abastecimiento y Producción.
La defensa de Saab afirma que tenía inmunidad diplomática y que no puede considerarse un prófugo de la justicia de Estados Unidos porque vivió en este país.
«Saab no vive en Estados Unidos, nunca vivió en los Estados Unidos, nunca en ningún momento relevante viajó a los Estados Unidos y no posee propiedades aquí», escribió una de sus abogadas, Lindy Keown, en una petición presentada al juez Scola el 21 de enero pasado.
EFE
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