La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentó este martes 20 de septiembre su reciente informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.
Prensa Miraflores
En el documento se señalan los patrones de conducta en los métodos de tortura empleados por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) contra las personas detenidas, ya sean hombres o mujeres.
En el texto también se identifican las cadenas de mando presuntamente responsables por crímenes de lesa humanidad, que van desde el propio Nicolás Maduro, su vicepresidenta Delcy Rodríguez, el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, hasta los jefes de los organismos de inteligencia.
“Las pruebas recabadas durante las investigaciones permitieron sostener, con motivos razonables para creer, que el presidente (Nicolás Maduro) tenía conocimiento de las violaciones y delitos y que en ocasiones daba órdenes al director general y a los directores de otras unidades del Sebin”, determinó la Misión.
Asimismo, con relación con las violaciones ejecutadas en la Dgcim, se halló “motivos razonables para creer que el presidente ordenó o instigó la comisión de ciertos actos delictivos y que, sabiendo que se estaban cometiendo violaciones, no tomó las medidas necesarias para prevenir que estos actos se produjeran ni para reprimirlos”.
“Información interna fiable indica que el presidente tiene un círculo íntimo de asesores de confianza, entre ellos Diosdado Cabello, Tareck Zaidan El Aissami Maddah y el ministro del Interior, a quienes consulta para impartir esas órdenes. Las decisiones se comunican luego a la cadena de mando, lo que da lugar a la comisión de violaciones y delitos”, cita el informe.
El texto indica que Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, “ejercía una influencia significativa dentro del Sebin, a pesar de que durante el período examinado no tuvo una posición dentro de la jerarquía de la organización”.
Por otra parte, estableció que la vicepresidenta Rodríguez “conocía o debió haber conocido la comisión de esos delitos en el Sebin. A pesar de que tenía la autoridad efectiva para hacerlo, no evitó los crímenes y violaciones ni los reprimió”.
Iván Hernández Dala, director general del a Dgcim, también es otros de los funcionarios identificados en el tercer informe de la Misión de la ONU, la cual fue creada en 2020.
“El director de la Dgcim, el general Hernández Dala, depende del presidente (Maduro) y ha sido nombrado en razón de su lealtad. Existe un contacto frecuente, una estrecha relación entre ambos: el presidente está informado de lo que ocurre en la Dgcim y da órdenes directamente al director. Dentro de la Dgcim, los funcionarios también ocupan una posición de confianza. Son nombrados y destituidos libremente por el director general. La prueba sugiere que el presidente tiene el poder de saltear las líneas oficiales de jerarquía dentro de la Dgcim, otorgando poder adicional a individuos específicos, como por ejemplo Granko Arteaga”, precisó.
Alexánder Enrique Granko Arteaga , el director de Asuntos Especiales (DAE) de la Dgcim, es uno de los señalados de ser uno de los presuntos responsables por las torturas cometidas en el organismo.
“Las torturas a los detenidos eran ordenadas en su mayoría por Gustavo González López y Carlos Calderón Chirinos. Si los agentes del Sebin se negaban a participar en los actos de tortura, Calderón Chirinos los golpeaba para intimidarlos ‘y así hacerse respetar”, concluyó.
Redacción Maduradas con información de Monitoreamos.
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