Como ya se ha planteado, el referéndum revocatorio es una de las opciones que la oposición en Venezuela tiene para intentar sacar al actual gobierno de Nicolás Maduro y compañía.
El pasado mes de marzo, la oposición venezolana llegó a un preacuerdo que se conocerá como “Plan Alicate” y activará simultáneamente tres mecanismos: la enmienda, la renuncia con acciones de calle y el referendo revocatorio al presidente Nicolás Maduro.
Créditos: AFP / Reuters
El referendo revocatorio es una de las opciones propuestas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para encontrar una salida a la crisis política y económica del país. El día de hoy se espera que el Consejo Nacional Electoral (CNE) responda a la oposición para que esta pueda dar el primer paso legal para iniciarlo de forma oficial. Pero qué haría falta para que se lleve adelante el mecanismo, así lo destaca una nota publicada por Ana Carolina Maier en el portal El Estímulo.
Un 52,1% de los venezolanos están a favor de revocar al presidente Nicolás Maduro, según Datanálisis. La última encuesta nacional Ómnibus muestra que 90,9% de los ciudadanos consideran que la situación del país es negativa y 63,4% se mostraron en contra de la gestión del mandatario.
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Primer paso
El poder electoral debería este jueves proporcionar a los líderes de la oposición, las planillas necesarias en las que deberán presentar, lo más pronto posible, las 200 mil firmas requeridas para solicitar formalmente el inicio de un proceso revocatorio. Esas rúbricas corresponden al 1% del registro electoral que es de casi 20 millones de ciudadanos.
El día que se consignen las firmas del 1%, el CNE contará con 30 días hábiles para verificar que se haya cumplido con los requisitos, y dar el segundo paso que busca responder a más de la mitad del país que no está de acuerdo con la forma en que el presidente gerencia a la nación.
Segundo paso
Consiste en activar el proceso de recolección formal de firmas del 20% del registro electoral. Así lo establece la Constitución en su artículo 72.
La recepción de manifestación de voluntades se realizará en un máximo de tres días, según l0 indica la resolución No. 070207-036 del CNE en su artículo 14. El número de rúbricas necesarias, para cumplir con este requisito, es de casi 4 millones (exactamente 3.900.822).
Las firmas serán huellas
Juan Carlos Caldera, representante de Primero Justicia ante el CNE, expresó a El Estímulo que el despliegue, para la recolección de firmas, va a ser distinto que en otras ocasiones. “Se nos ha dicho que será a través de capta huellas. Pero el CNE siempre va buscar usar la estrategia más complicada”.
El CNE debe, según la Ley, proporcionar las mayores posibilidades para que los ciudadanos en sus parroquias y municipios puedan expresar su voluntad.
Tercer paso
Luego de que sea certificado por el CNE que casi 4 millones de personas piden un revocatorio, se dará inicio al proceso para la realización de la elección. Hay que tomar en cuenta que para que se efectúe, el poder electoral deberá contar con los recursos necesarios.
Esta podría ser otra piedra de tranca ya que el CNE, en medio de la denunciada “operación morrocoy”, puede alegar que no cuenta con el dinero necesario para realizar dos comicios en un mismo año, ya que la elección de gobernadores también debe celebrarse en 2016. Esto plantea la posibilidad de que el CNE tenga que acudir al Ministerio de finanzas a pedir un crédito adicional y estaría en manos del Ejecutivo la asignación o no de estos recursos.
20 días de campaña
Si la oposición logra superar todas las pruebas y el CNE llama al revocatorio, se debería dar inicio a la campaña electoral correspondiente que duraría 20 días (artículo 56).
Luego en los comicios, la MUD necesitará obtener más votos que los que Nicolás Maduro logró, aunque de manera cuestionada, en 2013. En esa ocasión, el mandatario fue juramentado con 7.587.579 de votos. Según la encuesta de Datanálisis, si más de 50% de los ciudadanos están a favor del mecanismo, 10.161.639 de personas votarían a favor de sacar a Maduro de su cargo, número que supera por más 20% a la meta.
En total, toda la norma de 2007, genera que se requieran al menos 213 días para organizar un referendo revocatorio presidencial, según contabilizó el periodista experto en la fuente, Eugenio Martínez. Si hoy la MUD obtiene las planillas, la Unidad contaría con 271 días de este año para lograr su objetivo.
Dos escenarios
El chavismo podría sacrificar a Maduro, pero no caer en bloque debido a que la oposición tiene hasta el 9 de enero para lograr cambiar a todo el gabinete Ejecutivo, pues el 10, se inicia el cuarto año del período presidencial, y según lo establece la Constitución, el “vacío de poder” que surgiría como producto de un revocatorio, a partir de allí, debería ser llenado por el vicepresidente de la República, que en este caso es Aristóbulo Istúriz.
“Si la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del período constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva asumirán la Presidencia de la República hasta completar dicho período”, reza la Carta Magna en su artículo 233.
Si se logra hacer antes del 10 de enero, la ausencia del presidente conllevaría a una nueva “elección universal, directa y secreta” dentro de los 30 consecutivos siguientes (Artículo 233), lo que permitiría no solo revocar a Maduro, sino a todo su gobierno. Cuadro que prefiere admirar la Unidad.
La lucha desde la Asamblea Nacional
Caldera considera que solo la manipulación política y de tiempo, puede conllevar a que no se realice el referéndum este año. Para superar de manera eficaz los obstáculos que podría poner el CNE, la Asamblea Nacional busca aprobar la Ley Orgánica de Referendos en la que se recortan los plazos para la realización de estos. También esa normativa establece la protección de la identidad de los firmantes, cosa que no se prevé en las reglas de 2007.
Esa fórmula “anti-lista Tascón” busca evitar que se reedite la persecución política contra los ciudadanos que apoyen la celebración del revocatorio.
El artículo 37 de la propuesta del bloque opositor, referido a las “Garantías”, establece: “Los instrumentos utilizados para la recolección de las manifestaciones de voluntad favorables a la iniciativa de referendo, que contengan información sobre los datos de ciudadanos y ciudadanas inscritos en el Registro Electoral que participan en el proceso de iniciativa de referendo, son documentos de carácter confidencial”.