Varias ONG de Venezuela pidieron que se haga público el contenido del acuerdo firmado el viernes 9 de junio entre fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, y el régimen de Nicolás Maduro.
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«Es indispensable que tanto el acuerdo como su implementación sean públicos, especialmente porque está destinado a la elaboración de políticas públicas en materia de justicia», dijo, por ejemplo, la ONG Provea en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter, tras la firma del nuevo memorando de entendimiento.
Asimismo, El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) señaló algunos puntos claves sobre la apertura de una oficina de la CPI en Venezuela, que según las partes, incluida la del régimen de Nicolás Maduro, incrementará la asistencia técnica y la cooperación.
La organización no gubernamental, a través de su cuenta de la red social Twitter, exhortó a velar a que se haga justicia en todos los casos denunciados y que se catalogarían como crímenes de lesa humanidad. Al respecto, reiteró lo siguiente:
- Cualquier función que realice una Oficina del Fiscal de la CPI en Venezuela para desarrollar políticas públicas de justicia, debe garantizar que dichas políticas sean elaboradas y adoptadas de manera transparente para el país.
- Las opiniones de las víctimas deben ser tomadas en cuenta por la Oficina.
- Para el Fiscal, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) son socios necesarios para establecer responsabilidades en los crímenes de lesa humanidad.
- Las autoridades y quienes ejerzan cargos del Estado venezolano deben abstenerse de todo ataque o descalificación en contra de la Corte Penal Internacional, los Jueces de la Sala 1ra de Cuestiones Preliminares, el Fiscal de la CPI y los miembros de su Oficina.
- El Estado venezolano debe abstenerse de intimidaciones y represalias contra las víctimas y las organizaciones
- Se deben adelantar investigaciones y enjuiciamientos penales genuinos.
- Las autoridades y sus voceros deben abstenerse de negar la existencia de crímenes de lesa humanidad que no han sido investigados ni las cadenas de mando.
ACUERDO
“Ya tenemos la ubicación de la oficina, esta mañana vimos la oficina y ahora vamos a poder venir más a menudo a Venezuela y trabajar de manera más cercana, de manera que podamos ayudar a Venezuela con la asistencia técnica, la capacitación para que Venezuela pueda hacer más para cumplir sus obligaciones en el marco del Estatuto de Roma”, dijo el fiscal de la CPI, Karim Khan, en conferencia conjunta con Maduro en el Palacio de Miraflores en Caracas el viernes por la tarde.
En concreto, ambos firmaron un memorando de entendimiento para concretar la conformación de la mencionada oficina de cooperación técnica de la fiscalía de la CPI en el país, tal y como se había acordado en marzo del año pasado.
DENUNCIAS
La CPI recibió recientemente los testimonios de cerca de 8.900 víctimas en el proceso de consultas para reanudar la investigación sobre las violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La CPI recibió reportes de casos de asesinatos y encarcelamientos u otra privación grave de la libertad física. Además de torturas, actos inhumanos, violaciones sexuales, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, persecución por motivos políticos y otras violaciones de derechos humanos.
Las ONG indicaron que entre las víctimas se incluyen defensores de derechos humanos, activistas sociales y ambientales, trabajadores humanitarios y voluntarios; profesionales de la salud, jueces, fiscales, abogados y otros funcionarios de la judicatura.
Además de trabajadores del sector público y privado, estudiantes universitarios, profesores y personal de apoyo, expolicías y militares; políticos, miembros de partidos políticos, parlamentarios, diplomáticos y pensionados, periodistas, medios de comunicación, blogueros y usuarios de redes sociales; propietarios y propietarias de tierras, granjas y negocios; inventores, innovadores y artistas.
Redacción Maduradas con información de EFE
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