Estados Unidos sigue presionando por «cambios fundamentales» para que haya elecciones libres y justas en Venezuela, pero considera que corresponde al pueblo venezolano decidir si el nuevo Consejo Nacional Electoral contribuye a ese objetivo.
Noticias al Día y a la Hora / Prensa presidencial
Julie Chung, titular interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, indicó que estos cambios incluyen «levantar prohibiciones a partidos políticos, liberar sin condiciones a presos políticos, invitar a observadores electorales internacionales creíbles y un calendario electoral público».
«Estados Unidos apoya una solución integral y negociada a la crisis en Venezuela que aborde todos los aspectos de las condiciones necesarias para unas elecciones libres y justas», dijo la alta funcionaria.
«Depende de los venezolanos decidir si el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) contribuye a este fin», agregó.
El martes 4 de mayo, la Asamblea Nacional ilegítima nombró a una nueva directiva electoral compuesta por cinco miembros, dos de ellos figuras ligadas a la disidencia, pero actualmente distanciadas del presidente interino, Juan Guaidó.
Estados Unidos no reconoce al segundo mandato de Nicolás Maduro, al igual que gran parte de la comunidad internacional, por las irregularidades en las elecciones de 2018.
La AN ilegítima nombró a Alexis Corredor Pérez, Tania D’Amelio, Enrique Márquez, Pedro Calzadilla y Roberto Picón para conformar el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) para el período 2021-2028.
De estos cinco miembros, tres están vinculados al chavismo y dos -Márquez y Picón- son opositores ahora distanciados del sector que encabeza Guaidó.
Henrique Capriles, dos veces candidato presidencial que enfrentó a Chávez y a Maduro, estimó la designación como «un primer paso indispensable para abrir caminos en la reconstrucción constitucional y democrática» del país, pero Guaidó rechazó el nombramiento.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó la designación, pero el gobierno de España consideró que es «un primer paso».
AFP
Lea también: