Semanas atrás, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el caso Radio Caracas Televisión (RCTV), donde fija que el Gobierno venezolano, debe devolver los equipos incautados en 2007, además de reestablecer la señal abierta del canal 2.
Sin embargo, el gobierno ha hecho caso o miso de esta decisión, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a las autoridades del país que por «coherencia» cumplan la sentencia.
«Es muy importante que el Estado proceda a cumplir la sentencia de la Corte, que es muy clara al respecto, que se refiere a una cuestión de libertad de expresión, (y que fue producto de) un juicio en cual que Venezuela fue y se defendió y donde no alegó falta de jurisdicción de la Corte y lo coherente es que ahora cumpla», afirmó el comisionado chileno Felipe González, durante la audiencia que hoy el organismo regional celebró para analizar la situación de la libertad de expresión en el país y la cual estuvo plagada de momentos tensos.
La Corte con sede en San José (Costa Rica) determinó la decisión del fallecido Hugo Chávez de no renovarle la concesión a RCTV violó el derecho a la libertad de expresión de los directivos de la empresa y de sus periodistas y además despojó a los ciudadanos de un medio para informarse y entretenerse; y por ello le ordenó dar marcha atrás.
Sin embargo, nada más conocerse el dictamen del juzgado internacional distintos funcionarios adelantaron que el mismo no sería acatado y menos de 48 horas después la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia lo declaró inejecutable.
Tensión de sobra
La audiencia sobre libertad de expresión, la primera de las cuatro que este lunes la CIDH dedicó al país, estuvo llena de impasses. El primero se produjo cuando el agente del Estado, Germán Saltrón, acusó al organismo de otorgarle más tiempo a los representantes de las organizaciones que formularon denuncias, señalamiento que fue rechazado por el comisionado estadounidense James Carvallo.
Posteriormente el escrito Luis Brito García acusó a la instancia de «parcial», por cuanto, según él, jamás ha evaluado la situación de las garantías fundamentales ni en Estados Unidos ni en Canadá.
«Esta es una Comisión parcial, no registra ni una sola violación de los Derechos Humanos de la potencia que más viola los Derechos Humanos en el mundo, pero que aporta el 80% de los fondos de esta Comisión», dijo, lo cual fue rechazado por el comisionado brasileño Paulo Vannuki, quien llamó a la «pacificación de espíritus» de los miembros de la delegación nacional y les sugirió revisar la página web del organismo para revisar el informe sobre la cárcel de Guantánamo o los informes anuales donde se observa que EE.UU. es uno de los países más denunciados.
Con información de El Universal.
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