El Gobierno lleva a cabo una cacería laboral desde el 30 de diciembre para reducir drásticamente su nómina, denunció la coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete), Marcela Máspero.
Unete han recibido denuncias del despido de 10.000 empleados de la administración pública. Muchos de los perjudicados han informado a los sindicatos que la situación se ha registrado en Bolivariana de Puertos, Ministerio de Agricultura y Tierras, Aeropuerto de Maiquetía y el Servicio Integrado de Administración Tributaria y Aduanera (Seniat).
Trabajadora de la administración pública despedida/ Foto referencial: Caraota Digital
Máspero explicó que para las expulsiones “el Gobierno se vale de la suspensión del contrato de trabajo a tiempo determinado con los empleados que mantiene bajo esa figura, sin embargo la Ley Orgánica del Trabajo establece que al cumplirse un año como contratado el trabajador debe ser pasado a la nómina fija”.
Refirió que trabajadores cuyos contratos fueron rescindidos ejercen funciones en el sector público desde hace 2, 4, 6, 10 y hasta 16 años, por lo que el Ejecutivo “incurre en una flagrante violación de la Ley del Trabajo”.
Servando Carbone, coordinador de la Unete y de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, advertía la semana pasada la intención del Ejecutivo de rescindir los contratos a 300.000 empleados.
“Estos trabajadores han permanecido años en esa condición con la promesa del patrono Estado de que en cualquier momento pasarán a fijos”, dijo Carbone
El Gobierno alega la necesidad de reducir el gasto en el sector público mediante la salida del personal contratado en lugar de aplicar los recortes presupuestarios en la compra de armamento, según Carbone.
Con información de El Nacional.
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