Un trabajo publicado por Infobae dejó en evidencia la supuesta división del chavismo, especialmente, luego de que se celebraran elecciones internas de las que fueron excluidos algunos partidos del Gran Polo Patriótico (GPP) y se pudieron apreciar irregularidades varias entre sus dirigentes.
Foto: La Patilla.
Aparentemente, aunque no reflejan diferencias, la presión interna parece haberse “desbordado”, ya que habría sido el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) el que eligió a la “nueva” Asamblea Nacional (AN) y, desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen, se tomaron decisiones que afectaron a los aliados del PSUV tanto como a los partidos opositores.
De hecho, según Infobae, desde el TSJ, se adelantaron maniobras para arrebatar a sus líderes naturales los partidos Patria Para Todos (PPT), Unidad Popular Venezolana (UPV) y Tupamaros. Juntos crearon la Alternativa Popular Revolucionaria (APR).
Más irregularidades
En ese sentido, desde el domingo 27 de junio, cuando se llevaron a cabo las elecciones internas del PSUV, líderes socialistas alertaron la remoción arbitraria de militantes. Ese fue el caso de la familia de Leonardo Alí Salcedo Ramírez, quien denunció, en plena jornada electoral, que solo él figuraba en el registro, a pesar de que su esposa está inscrita desde 2016.
“El señor que está haciendo eso, que todo lo el mundo lo sabe, que recoja sus macundales y que sea el único aspirante”, manifestó Salcedo Ramírez, haciendo alusión a su contrincante Freddy Bernal.
Del mismo modo, aseveró que, en el Liceo Simón Bolívar, ubicado en San Cristóbal (estado Táchira), de 40 personas que lo apoyaban solo 15 estaban en el registro.
«Lamento mucho tener que hacer esta denuncia. ¿Callarla para qué? ¿Para que después aparezca festejando una victoria no merecida?«, cuestionó Salcedo Ramírez.
En otro orden de ideas, destacan las denuncias de la APR en contra de las FAES por supuestas acciones emprendidas hacia la candidata Daniela García, una joven que además está embarazada. La agrupación informó sobre una presunta «presión psicológica» hacia la candidata del Táchira que, además, está embarazada.
A juicio de APR, este hecho incurre en varios delitos: «Violación a los derechos de la mujer y de la familia. Se trata de un funcionario de un cuerpo policial del Estado que ha sido utilizado, con fines políticos partidistas, por parte del PSUV«.
«Lo hacemos responsable a usted (Freddy Bernal), al FAES y a esta dirigencia corrupta de lo que pueda pasar con la integridad física y psicológica de nuestra candidata Daniela García, de cualquier miembro de su familia o de este equipo político», sentenciaron.
Redacción Maduradas con información de Infobae
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