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¡GRAVE! Gobierno monitorea a militares en busca de “traidores” y les prohíbe viajes a EE.UU.

Días después de la partida del capitán de Corbeta Leamsy Salazar hacia Estados Unidos —como testigo protegido por su acusación de narcotráfico contra el líder chavista Diosdado Cabello—, el Ministerio de la Defensa de Venezuela emitió una resolución en la que ordena a todos los comandantes de las unidades militares del país a tomar una serie de medidas con el fin de detectar presuntas “incidencias” de las autoridades norteamericanas dentro del estamento militar venezolano, publica PanAm Post.

En el radiograma, firmado por el General de Brigada Iván Rafael Hernández Dala el pasado 19 de febrero, se ordena a los comandos de unidades militares la elaboración de un listado de todo el personal militar con visas y pasaportes de Estados Unidos y la Unión Europea, que deberá ser entregado a todos los superiores el próximo 13 de marzo.

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Fuentes del alto mando militar que prefirieron mantener su identidad anónima, aseguraron que tienen estrictamente prohibidos los viajes “al imperio”, en referencia a los Estados Unidos.

El documento oficial, al que tuvo acceso PanAm Post, sugiere a las autoridades que se apoyen en el Mando Militar para la obtención de toda la información requerida.

Según el texto, membretado con el logotipo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (Dgcim), la supuesta delación de Salazar forma parte de “actividades de reclutamiento realizadas por integrantes del cuerpo diplomático (agregados militares y funcionarios consulares) de Estados Unidos y sus países aliados, durante los años 2010, 2011, 2012”, señala.

En el texto se acusa a las autoridades norteamericanas de utilizar la información obtenida a través de las entrevistas personales que se hacen para otorgar las visas, “con la intención de establecer vínculos afectivos con los militares, con el fin de determinar quiénes tendrían disposición para planificar y ejecutar actividades subversivas contra el Estado venezolano”.

Estado de paranoia

Rocío San Miguel, abogada experta en el tema militar en Venezuela, advirtió que estas acciones por parte de los altos mandos castrenses obedecen a la exaltación de un “estado de paranoia” dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), donde a partir de la implementación de “falsos positivos”, buscan probar lealtades dentro de los cuarteles militares.

“¿Qué ha pasado con Leamsy Salazar? Desde que se conoció la información de que estaba en Estados Unidos colaborando con las investigaciones emprendidas por la Administración para el Control de Drogas (DEA), en Venezuela ni siquiera se le ha declarado desertor en la Gaceta Oficial, que era lo que procedía en su caso. Históricamente ha existido la obligatoriedad de los oficiales de notificar sus salidas del país, pero ya este tipo de acciones rayan en la paranoia”, comentó San Miguel.

Leamsy Salazar perteneció al primer anillo de seguridad de Hugo Chávez, hasta que después de la muerte de la muerte del expresidente venezolano, fue transferido como asistente del actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.

A finales de enero se supo quién era Salazar a través de publicaciones del diario español ABC. Posteriormente, se dijo que el militar había viajado a la ciudad de Washington DC donde sería sometido a una serie de interrogatorios y pruebas psicológicas para comprobar la veracidad de su testimonio.

En el radiograma del Ministerio de la Defensa también se le exigió a las comandancias militares que antes de 26 de febrero enviaran informaciones sobre expedientes investigativos trabajados por la Contrainteligencia Militar en años anteriores, en los que hubiesen conseguido elementos de interés operativo para la línea de espionaje (visitas de embajadores, agregados militares, vinculación de oficiales de la FANB con fuerzas militares de otros países, incluyendo contactos a través de redes sociales y hasta vinculaciones con ciudadanos extranjeros).

¿Espionaje de ida y vuelta?

Con las acciones tomadas por el Ministerio de la Defensa y otros organismos del Estado venezolano que han mandado a listar a todos los funcionarios que posean visa para ingresar a Estados Unidos y que pretenden prohibirles la entrada a dicho país, todo parece indicar que el gobierno de Nicolás Maduro se adelanta y pretende frenar la posibilidad de que otros empleados ofrezcan información privilegiada al Gobierno de Estados Unidos a cambio de protección en ese país.

Las medidas castrenses fueron tomadas antes del lunes, cuando el presidente Barack Obama emitió una Orden Ejecutiva en la cual califica a Venezuela de “amenaza” para la seguridad y la política exterior de Estados Unidos, y anunció la primera lista de seis funcionarios policiales militares y una fiscal del Ministerio Público a quienes se les aplicaron sanciones económicas y de prohibición de entrada a Estados Unidos.

La decisión del presidente Obama causó una ola de rechazo en el chavismo, e incluso la afirmación de que el Gobierno del Norte pretende invadir a Venezuela. Pero, como demuestran las acciones dentro de la FANB, la preparación contra el enemigo “imperial” comenzó en meses previos.

El 15 de diciembre de 2014, dos días antes de que se anunciara el restablecimiento de las relaciones entre la Casa Blanca y Cuba, en Venezuela se celebró una marcha oficialista contra Estados Unidos, por la aprobación den el Congreso de ese país de la Ley para la Defensa de Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela.

En enero fue la ministra de Servicios Penitenciarios venezolana, Iris Varela, quien sugirió en un programa de televisión transmitido por la estatal Venezolana de Televisión, que se hiciera un acto público con todos los oficialistas en el que se quemaran las visas para ingresar a Estados Unidos. Hasta ahora ningún afecto al Gobierno venezolano ha seguido las instrucciones de la funcionaria.

Una posible trampa entre venezolanos

Otro de los radiogramas del Ministerio de la Defensa, en el que se hace alusión a la supuesta actividad de espionaje del gobierno norteamericano en Venezuela, está fechado el 26 de febrero de 2015, firmado por el Coronel Alex Hernández Aquino, y en él se señala que las FANB tienen conocimiento de que una oficial del Ejército de Estados Unidos, identificada como Ann Hester Leigh, estaría contactando a militares venezolanos para obtener información.

El documento dice: “Se tuvo conocimiento de profesionales militares quienes han recibido en su correo electrónico un mensaje desde la cuenta [email protected], perteneciente a una supuesta ciudadana norteamericana”.

En el radiograma se expresa que a través de esa dirección de correo, esta oficial supuestamente escribe a los militares venezolanos:”Hola, mi nombre es ANN HESTER LEIGH, oficial del Ejército de los EE.UU., en busca de una persona digna de confianza y la confianza para obtener más información, o puedes ponerse en contacto conmigo en mi correo electrónico ([email protected]) cordial saludo”.

Los oficiales exigen la elaboración de una lista con todos los datos personales de los profesionales militares venezolanos que supuestamente recibieron este correo o algún otro mensaje similar. Este listado debió ser entregado a la superioridad el 10 de marzo, según lo exigían en el documento.

“Con este tipo de acciones solo se están probando lealtades. La idea es usar un falso positivo para ver quienes acceden a dar información o quiénes están dispuestos a guardar este tipo de incidentes. Es una estrategia que se puede haber puesto en marcha para validar las lealtades internas, porque con solo rastrear la supuesta dirección, se debe saber si es una cuenta real o inventada”, explicó San Miguel al respecto.

Con información de: Panampost. / Thabata Molina.

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