Este jueves 4 de noviembre, se pudo saber que autoridades de Migración de Chile expulsaron a 120 migrantes en un vuelo chárter en Chile. De acuerdo con EFE, más de 70 de estos ciudadanos eran venezolanos, mientras que los demás eran colombianos.
EFE
Se trataría, en ese sentido, de la mayor deportación que se haya ejecutado en Chile durante 2021 y sería una acción enmarcada en erradicar la migración irregular paras expulsar a al menos 1.500 migrantes ilegales durante este año, hasta ahora, van 800.
La mayor parte de los venezolanos deportados habrían incurrido en ingreso ilegal a la nación o habrían cometido crímenes como tráfico de migrantes, homicidio o robo con intimidación.
Pese a los comentarios emitidos de organizaciones defensoras de derechos humanos, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Human Rights Watch (HRW), según los cuales se han cometido graves violaciones a los derechos humanos, las autoridades chilenas afirman que están «cumpliendo con la ley».
La Ley de Migraciones de Chile fue impuesta por el presidente Sebastián Piñera y tendría por intención mitigar la migración ilegal y promover la adquisición de una visa para ingresar a Chile, las cuales deben procesarse en los países de origen.
Sin embargo, HRW denunció que existen diversas irregularidades en la expulsiones. Entre estas, destaca el hecho de que las expulsiones sumarias no deben ejecutarse en fines de semana, ya que las cortes de apelación están cerradas y ello impide que las personas hagan llamadas telefónicas para contactarse con sus familiares o abogados.
La misma Corte Suprema de Chile se manifestó en defensa de algunos casos de migrantes y, de hecho, anuló varias órdenes de deportación por considerar que fueron producto de procedimientos «contenciosos administrativos insuficientes». Lamentablemente, una vez tomada la decisión, las personas ya habrían sido deportadas.
Y, aunque las autoridades de cada país tienen libertad para ejercer jurisdicción en sus fronteras internacionales, estas deben hacerlo sin atentar contra sus obligaciones en materia de derechos humanos, así como tomando en cuenta el contexto socio-político del país de origen.
Redacción Maduradas con información de EFE
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