En los últimos 25 años los cuerpos policiales y militares de Venezuela cometieron alrededor de 7.893 ejecuciones extrajudiciales, informó el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos en una investigación publicada el miércoles 15 de diciembre.
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“Las ejecuciones extrajudiciales son crímenes de lesa humanidad y constituyen una política de Estado contra una parte de la población”, manifestó el activista Marino Alvarado durante la presentación del informe 25 años de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela.
Alvarado afirmó que la Policía Nacional Bolivariana se presentó al país como un organismo de confianza y de respeto a los derechos humanos, pero después se confirmó el fracaso total de la reforma policial. “Las policías en Venezuela son más letales que nunca. Los resultados son lamentables, la reforma policial en Venezuela fracasó”, aseguró.
El defensor de derechos humanos Inti Rodríguez señaló asimismo que el Plan Patria Segura se implementó contra lo establecido en la reforma policial. Añadió que miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana instalaron campamentos de guerra a lo largo de Venezuela.
La organización advirtió que pudiera haber un subregistro de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, por lo que la cifra de víctimas aumentaría. Señaló que altos funcionarios del Estado han estimulado la violación del derecho a la vida por parte de los agentes de la fuerza pública y se ha utilizado la excusa de la lucha contra la violencia terrorista.
Alvarado afirmó que apoyan las medidas que impliquen investigaciones y sanciones a los responsables de los crímenes que se han cometido. “Exhortamos al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo a que se adelanten investigaciones genuinas sobre los crímenes de lesa humanidad y las miles de ejecuciones que se han cometido en Venezuela”, añadió.
“25 años de ejecuciones extrajudiciales tiene una gran contribución para poder construir memoria. En Venezuela la violación al derecho a la vida no tiene color ni ideología política. El joven de origen popular no tiene derechos en Venezuela, está condenado a morir a manos de los cuerpos policiales”, agregó asimismo el padre Alfredo Infante, párroco de La Vega.
Redacción Maduradas con información de El Nacional
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