Guido Ochoa Homes, hijo del diputado oficialista Guido Ochoa (Psuv- Mérida) y presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, también tiene una empresa registrada en Florida en la que figura su socia de la misma compañía beneficiada por Cadivi.
El empresario venezolano Guido Ochoa Homes recibió entre 2004 y 2012 casi 18 millones de dólares de parte de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) a través de una empresa de su propiedad llamada Sistemas Operativos Sanitarios (Siosca), registrada en el estado Mérida. Es hijo del diputado Guido Ochoa por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV-Mérida), quien preside de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional.
Caricatura de @edoilustrado
El nombre del empresario venezolano resonó el miércoles 9 de diciembre de 2014 cuando El Estímulo divulgó la compra, por parte de Ochoa, de la empresa HashFast Technologies, un startup (emprendimiento) declarada en bancarrota que pretendía convertirse en una plataforma para el intercambio de moneda electrónico (Bitcoin). Diversas fuentes aseguran que Ochoa habría desembolsado un monto cercano a 1,2 millones de dólares.
Sistemas Operativos Sanitarios C. A. (Siosca) fue registrada en 2003 y tiene sede en Mérida. El Registro Nacional de Contratistas (RNC) indica que la empresa tiene como objetivos la “compra, venta y transformación de resinas y materiales plásticos”, entre otras actividades que también incluye la “construcción de obras civiles”. También se indica que Ochoa Homes es presidente y propietario de 90% de las acciones, mientras que el restante (10%) está en manos de María Alejandra Quintero Méndez. La empresa está actualmente suspendida del RNC.
Ochoa negó en una información publicada el jueves 10/12/2014 por Contrapunto.com que hubiese pagado $1,2 millones por HashFast Technologies. No precisó el monto pagado por esta empresa y aseguró que nunca había hecho negocios con el Gobierno de Venezuela. Cuestionó además que “no se tome en cuenta el esfuerzo personal y trayectoria (…) de más de 20 años en la industria de plásticos”.
Lo que Ochoa no mencionó es que su empresa en Venezuela, Sistemas Operativos Sanitarios (Siosca), había resultado beneficiada con divisas preferenciales a través de Cadivi por un monto de 17.657.452 dólares.
La base de datos de la extinta Cadivi indica que Siosca efectuó 100 solicitudes de divisas por un monto de $12.687452 hasta 2011. A partir de allí requirió, en otras 10 solicitudes, $4.970.000. Todas estas peticiones fueron aprobadas y liquidadas pese a que entre las actividades enunciadas en el objeto social de Siosca no se mencione la importación de bienes.
Tesorera
María Alejandra Quintero Méndez, de 41 años, aparece registrada en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) como trabajadora activa de la Universidad de Los Andes (ULA), con sede en el estado Mérida. Su ingreso fue asentado en 2011. La página web de esta casa de estudios indica que Quintero Méndez es ingeniero en sistemas, egresada en 1997. Tiene una maestría en Estadística Aplicada y un doctorado en Ciencias Aplicadas. Actualmente ocupa un cargo como docente a tiempo completo.
También en Estados Unidos
El empresario venezolano figura como propietario de otra empresa en el estado de Florida, Estados Unidos, bajo el nombre de Plastics Corporation. Esta empresa fue registrada en 2011, según consta en documentos oficiales obtenidos a través de la División de Corporaciones del Departamento del Estado de Florida. No se indican el capital suscrito ni los bienes.
En la documentación aparecen como presidente Guido Ernesto Ochoa Homes, y María Alejandra Quintero Méndez, como vicepresidente y tesorera. Son los mismos dos accionistas o socios de la empresa que Ochoa tiene registrada en Venezuela, Sistemas Operativos Sanitarios (Siosca), y que resultó beneficiada con dólares de Cadivi.
La documentación para el registro en Estados Unidos de Plastics Corporation fue preparada por el abogado Carlos Arazoza, miembro del bufete Arazoza & Fernández-Fraga, P. A. con sede en la dirección 2100 Salzedo Street, en Coral Gables, Florida. Es decir, Plastics Corporation no tiene sede propia y registró como su domicilio las coordenadas del mismo edificio en el que funciona un despacho de abogados que Arazoza & Fernández-Fraga, P. A.
El edificio donde tiene sede Plastics Corporation, propiedad de Ochoa, en el número 2100 de Salzedo Street,
en Coral Gables, Florida en el que también está asentado el despacho de abogados que registró esta empresa en 2011.
HashFast, Bitcoin y el control cambiario en Venezuela
¿Por qué un empresario venezolano familiar a un diputado socialista compraría un startup (emprendimiento) como HashFast especializado en el intercambio de moneda electrónica (Bitcoin)?
La Asamblea Nacional aprobó, en primera discusión el 9 de noviembre, el Proyecto de Ley de Comercio Electrónico. Se prevé también que el Gobierno anuncie durante el primer trimestre de 2015 una nueva devaluación que unifique el dólar a la tasa Sicad II (Bs. 50 por dólar). El 1ro de diciembre entró en vigencia la Reforma de la Ley de Ilícitos, que formaliza la creación de un mercado alterno de divisas en el que puedan intervenir empresas privadas sin ser administradas o controladas por el Banco Central de Venezuela.
“Todos los indicios apuntan a que el Gobierno devaluará de nuevo mediante una reunificación cambiaria. Además, con la entrada en vigencia de la Ley de Ilícitos Cambiarios ya no es un delito comprar y vender dólares o cualquier moneda extranjera. Quien tenga una empresa de Bitcoin podría convertirse en la casa de cambio del país”, apunta Mariana León Mármol, abogada y especialista en Derecho Financiero egresada de la Universidad de Stanford.
Bitcoin es una moneda electrónica en etapa experimental que no posee respaldo de ningún gobierno ni depende de la confianza de ningún ente emisor. Las transacciones con Bitcoin se efectúan de manera directa entre las partes, casi como un trueque. El Bitcoin está siendo utilizado en período de prueba por algunas plataformas de comercio electrónico.
“El Banco Central de Venezuela tendría que determinar si un sistema de intercambio de moneda con el Bitcoin es legal o no. Porque este sería un servicio bancario, o cuando menos financiero, y estas empresas (casas de cambio) no pueden proveer servicios bancarios sin licencia del BCV”.
Por Jesús Alberto Yajure / @albertoyajure / Runrunes