En un mensaje dirigido a lo interno del gobierno, el embajador en Italia recomendó convocar las elecciones regionales, esforzarse por oír a los disidentes y dejar a un lado la soberbia de creerse los únicos herederos de Chávez. ¡A Nico no gustará esto!
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Isaías Rodríguez ha tenido cargos muy importantes en las últimas dos décadas, desde vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente y vicepresidente de la República hasta embajador en Italia (su responsabilidad actual), pasando por el de Fiscal General de la República.
Desde Roma, en plena Semana Santa, respondió unas cuantas preguntas a este periodista en una entrevista exclusiva para Contrapunto acerca de la situación política actual y el desempeño de su sucesora en la jefatura del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz.
Defensor del derecho que asiste a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de dirimir todas las situaciones en las que esté en duda la letra de la Carta Magna, Rodríguez opina, sin embargo, que dicha sala “cometió un grave error político” con sus sentencias relativas a las funciones de la Asamblea Nacional y al alcance de la inmunidad parlamentaria.
Este enfoque tiene un matiz distinto a la posición que asumió en principio, cuando afirmó que las sentencias de la Sala Constitucional eran controversiales, pero ajustadas a derecho. Al parecer, así como los magistrados revisaron lo que habían decidido y resolvieron presentar unas aclaratorias, el ex fiscal aprovechó la entrevista para hacer lo mismo.
–Su intervención pública, denunciando el golpe de Estado de 2002, fue clave para iniciar la reacción popular y militar. La intervención de la fiscal general actual, sucesora suya, Luisa Ortega Díaz, se le pareció mucho. Algunos opinan que fue una puesta en escena. ¿Usted cómo lo vio?
–No descarto la puesta en escena por parte de la fiscal. En un momento coyuntural donde se ha hecho creer al mundo que este país falleció y que el gobierno está caído, todo puede ocurrir. Pero más allá de la puesta en escena es indudable que la Sala Constitucional sirvió en bandeja de plata la excusa para la puesta en escena. Fue un grave error político de la Sala Constitucional su decisión, independientemente de que estuviera ajustada a derecho.
–¿Cómo es eso?
-No es una contradicción lo que afirmo. La Sala tenía y tiene competencia para dictar la sentencia, había razones para ello y, conforme a la Constitución venezolana, la Sala estaba y está facultada para interpretar la Carta Fundamental aun cuando algunas de sus decisiones no las podamos compartir ni la fiscal ni yo.
–Desde el punto de vista de los resultados que produjo, la declaración de la doctora Ortega Díaz también se parece mucho a la suya. ¿Evitó una crisis peor o desvió el debate?
–Creo que contribuyó a evitar la crisis inoportunamente creada por la sentencia. Más allá del sentido que algunos dirigentes de oposición y otros del gobierno han dado a la declaración de la fiscal, pienso que aportó un disentimiento necesario que la Fiscalía debe ejercer como órgano de control constitucional. Solo que, como la pregunta advierte, desvió el debate. En otros términos, sin puesta en escena, la observación habría sido más constructiva y no habría despertado la cantidad de conjeturas que en uno y otro sentido existen hoy y que en nada ayudan al Ministerio Público como institución.
–Las aclaratorias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia fueron entendidas como un “recule” y la oposición se ha lanzado sobre los magistrados que la integran, para tratar de destituirlos. ¿Hay alguna posibilidad política de que ello ocurra?
–Las aclaratorias de la Sala Constitucional trataron de darle mayor sentido común a la decisión. La facultad de interpretar la Constitución no es ilimitada. No se puede convertir la República en una monarquía, ni siquiera cuando el rey o la reina sea el Poder Judicial. En mi opinión hubo excesos en la sentencia original, poca precisión científica, errores de apreciación al interpretar, algo así como un “exceso de lealtad institucional a todo costo”. Según el jurista italiano fallecido Piero Calamandrei los vicios de derecho cometidos por los jueces son siempre graves. Evidentemente, ello no implicaba ni implica ruptura del hilo constitucional, sino la necesidad de una interposición de aclaratoria por el Ministerio Público, que habría sido lo más sensato y lo más coherente.
–¿El poder de la última palabra que tiene la Sala Constitucional no es una deformación del modelo de equilibrio entre cinco, dado que el Judicial no es uno de los poderes electos por votación popular?
–En el sistema parlamentario, la última palabra la tiene el Parlamento, y en el presidencialista, el Presidente de la República. En mi opinión, el constituyente venezolano, sin proponérselo creó una especie de sistema judicial complementario al sistema de gobierno, con esto de la interpretación de la Constitución por un órgano único. Si este órgano actúa con ponderación, sin esos excesos de lealtad institucional, la norma constitucional es buena para cualquier país de América Latina. Desde Europa vemos cuanto equilibrio y cuanto raciocinio falta a nuestros equipos de Estado y a sus poderes públicos. Observamos cómo la emoción desbordada de nuestros dirigentes no dirige, y como esos sentimientos desmedidos desajustan y no dejan madurar debidamente nuestras instituciones. Necesitamos y vamos a necesitar por mucho tiempo que alguien ponga equilibrio.
–¿Quién debe ponerlo?
–En toda democracia el equilibrio debe ponerlo el pueblo, la mayoría popular, pero por falta de madurez de los dirigentes y de las instituciones, no es así. Hay por dentro de cada uno de nosotros un “yo” desesperado, impaciente, que no espera y que tiene un afán inimaginable de protagonizar. No es posible convocar un referendo o al poder constituyente para ventilar el equilibrio a cada instante. Alguien como la Sala en referencia debe ordenar este caos permanente ¿Qué habría ocurrido con el país si no se hubiese previsto esta Sala ante un Poder Legislativo como el actual, dispuesto a llevarse por delante los demás poderes y las instituciones democráticas, haciendo uso de unas supuestas funciones que desvían la autoridad y el poder que le confirió la Constitución Nacional?
por Contrapunto