El 28 de agosto de 2011 el fallecido presidente Hugo Chávez firmó el decreto de nacionalización del oro, convencido de la potencialidad de las riquezas auríferas al sur de Bolívar. «Hay mafia, contrabando y eso hay que acabarlo con mucho rigor (… ) El oro es una riqueza nacional», dijo. Ese día se cumplían 20 días de paralización de la planta «Capitán Antonio Vera», antigua Revemin operada por la estatal CVG Minerven, el otrora corazón productivo de los municipios del sur del estado Bolívar, pero aún con la larga detención operativa la industria cerró el mes con una producción de 375 kilos de oro, un promedio que caracterizó la producción de ese año.
Sin embargo, ya había un retroceso en el ritmo operativo pues en el mismo mes del 2010, la estatal logró producir 708 kilos de oro, el más alto registro de los últimos cuatro años.
Desde la nacionalización el declive fue progresivo y deliberado, a juicio de trabajadores de la compañía, cuyo pago de nómina fue asumido por Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
En enero de 2014 la industria produjo 79 kilos de oro, 44% menos que en el año previo y un monto 88% inferior a la producción del primer mes del 2010 de 685 kilos de oro, pese a que cuenta en la actualidad con más minas y plantas de procesamiento, a la par de una comisión de reimpulso desde 2011, cuya misión quedó solo en letras.
Así, Minerven se sumó al saco de industrias con letargo productivo en Guayana, en el que desde hace años están sumidas las industrias del hierro, el aluminio y el acero.
Plantas con lupa
Planta Caratal, Revemin y Perú eran las tres plantas de procesamiento de material aurífero operadas por Minerven en El Callao, al momento de la nacionalización en 2011 que reservó al Estado la exploración y explotación del oro y obligó a las trasnacionales a migrar a un esquema mixto de acuerdo con el Decreto 8.413.
Una vez publicada la norma la estatal asumió el control de la planta PMG de la trasnacional Rusoro, ubicada en la vía a El Manteco, y la planta La Camorra de la mixta Venrus, en la vía a El Dorado, y sumó una capacidad de procesamiento de 9 mil toneladas de material aurífero por día, de la cual más de la mitad está en desuso, en un momento en el que el oro se cotiza en $1.318 en el mercado internacional.
A la baja productividad, se suma que al menos tres plantas de procesamiento de oro fueron desmanteladas en los últimos meses, luego de que la industria decidiera retirar la seguridad patrimonial.
En esta situación están las plantas Revemin y Perú, cuyos equipos y piezas han sido robados por presuntos garimpeiros, locales y personas que vienen a Bolívar de otras partes del país en busca del metal precioso. En el proceso, han robado equipos de oficina, cableados eléctricos e, incluso, los techos de los galpones.
El 21 de abril de este año un hombre murió cuando presuntamente intentaba robar piezas eléctricas de la sala de control de motores de la planta Perú, la más vieja de CVG Minerven.
Bajo este escenario a nadie sorprendió al sur de Bolívar la intervención de la estatal, de acuerdo con el Decreto N 1.071, publicado en la Gaceta Oficial N 40.440 que circuló este jueves, que establece que el proceso estará a cargo de una junta interventora, liderada por José Ávila, durante seis meses prorrogables por periodos similares. Tanto la junta directiva como el presidente de la industria, Franqui Patines, quedan suspendidos de sus funciones.
La oficialización de la medida se dio un día después de la visita del ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez.
Intervención con retrasos
El vocero del Frente Antiimperialista de la zona sur de Bolívar y ex director de la empresa, Jesús Guerra, estima que en la Planta Perú se han robado más de $20 millones en equipos; mientras que en Revemin las pérdidas suman $10 millones.
«En la Planta Caratal, la planta de carbón activado la dejaron perder y vale $2 millones, se pierden de vista los ceros de lo que se dejó de producir. La mina Sosa Méndez que aportaba 400 toneladas de mineral aurífero, está desmantelada y está parada por inundación».
«El descuido fue deliberado, incluso, retiraron de las empresas las cercas perimetrales para que los garimpeiros tuvieran acceso y se robaran todo, los motores, las correas, en Planta Perú se llevaron hasta las vigas. La planta Finlandia se la llevaron íntegramente y nadie dijo nada. No hay caso en la Fiscalía que revele que hubo preocupación al menos», dijo.
El retraso en la intervención, aseguró, puso en duda el compromiso del Gobierno con el sur de Bolívar.
Guerra insiste en la tesis de que la administración de la empresa aupaba el deterioro para luego negociar las industrias con trasnacionales. «Tenían la disposición de llevarlas a la quiebra. Hubo desinversión y el objetivo era renegociarlas».
Resaltó que lo primero que una industria requiere para operar son reservas de oro «y en Venezuela tenemos para explotar 8 toneladas por año (…) tenemos todas esas condiciones pero estamos quebrados», reseñó el portal del diario El Universal.