La Iglesia católica de Venezuela admitió, este miércoles 6 de julio, los supuestos casos de abuso sexual infantil de curas denunciados en las últimas semanas, pero no revelaron mayores datos por «confidencialidad».
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Durante la rueda de prensa que ofreció el monseñor Mario Moronta, como vocero de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), tampoco se explicó por qué sacerdotes condenados por cometer abuso sexual fueron reincorporados, aunque admitió que al menos uno volvió a dar misa después de la sentencia.
De acuerdo a la información suministrada por el portal de noticias Efecto Cocuyo, se trata del sacerdote Luis Alberto Mosquera, quien fue condenado a más de siete años de prisión, en 2006, por abusar de un niño.
Lo que se sabe, es que esta persona no cumplió su sentencia y, después de dos años, regresó a la iglesia en el estado Lara donde todavía es sacerdote, así lo reveló una investigación de The Washington Post.
La ONG dedicada a analizar y promover los derechos humanos en Venezuela, Provea, exigió que se impongan sanciones para sacerdotes responsables de violencia sexual hacia niños dentro de la Iglesia católica venezolana.
Provea indicó que ante la denuncia y documentación de casos de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes dentro de la Iglesia católica venezolana, así como de otras religiones, exigen la aplicación de sanciones a los responsables ya que estos abusos están tipificado en los artículos 259 y 260 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lonna) y en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Lodmvlv) y no se admite beneficios para los agresores.
“Los casos de abuso sexual se facilitan por las relaciones de poder desiguales entre autoridades de la Iglesia Católica y niños, niñas y adolescentes, con prácticas inaceptables que acarrean daños psicológicos y físicos, en las personas sobrevivientes y la influencia negativa que ha causado”, indicaron.
La ONG denunció que varios sacerdotes en los estados Lara, Zulia y Mérida tras ser declarados culpable de abuso sexual fueron puestos en libertad.
“Exhortamos a que el Estado venezolano cumpla con la protección de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en la atención de los casos de abuso hacia ellos/ellas, mediante procedimientos expeditos y efectivos, independientemente de quién sea el agresor, garantizando justicia y reparación. Las víctimas necesitan confiar en las instituciones y saber que sus victimarios serán sancionados”, indicaron.
Redacción Maduradas con información de Efecto Cocuyo
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