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¡IMPUNIDAD! Solo hay 2 funcionarios presos por 286 violaciones a DDHH en Carabobo

Tras cinco meses de continuas protestas en Carabobo en rechazo de las políticas aplicadas por el Ejecutivo Nacional y exigiendo una mejor calidad de vida en el país, el Foro Penal Venezolano maneja unos 280 casos de carabobeños -20 menos que la cifra oficial del Ministerio Público-, quienes han sido víctimas de agresiones verbales y físicas por parte de los diferentes órganos de seguridad.

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Un total de 11 carabobeños perdieron la vida en las diferentes acciones de calle encabezadas por la sociedad civil. A otros se les violaron sus derechos al ser torturados, golpeados y amenazados por efectivos policiales y militares. El asesinato de Geraldín Moreno Orozco y Génesis Carmona; e incluso el brutal ataque hacia Marvinia Jiménez y Juan Carrasco, son algunos de los casos más conocidos.

Por estos hechos de violencia, solo siete efectivos militares han sido presentados ante los Tribunales de Control del estado Carabobo. Apenas dos fueron privados de libertad por el asesinato de Geraldín Moreno Orozco y permanecen recluidos en el Destacamento 25 de la GNB, en Puerto Cabello; y el Comando Regional Número 2 (Core 2).

Para hablar sobre este tema y ofrecer más detalles, fueron invitados para el Desayuno en la Redacción, Luis Armando Betancourt, abogado del Foro Penal Venezolano; Rosa Orozco, madre de Geraldín Moreno Orozco; y Marvinia Jiménez, agredida por la Guardia del Pueblo.

En representación de Editorial Notitarde estuvieron Laurentzi Odriozola Echegaray, director del periódico; Margarita Jiménez Márquez, miembro de la junta directiva; María Inés Ferrero, gerente de Relaciones Institucionales; el jefe de editores, Humberto Torres; el jefe de cierre, Francisco Briceño; y quien suscribe, Ylián Terán Flores.

“Yo quiero a los 25 GNB presos”

Rosa Orozco recordó que por el asesinato de su hija Geraldín, fueron imputados cuatro efectivos militares de la GNB, Alvin Bonilla, Francisco Caridad Barroso, Paola Barroso y Franklin García. A los dos últimos se les revocó la medida de privativa de libertad por una medida cautelar sustitutiva y presentación cada siete días ante los tribunales.

“La explicación que me dieron es que Barroso y García no fueron los que dispararon, sino que son cómplices. Además, que están en averiguaciones y como están en esa fase no se puede ir a juicio porque hay que seguir investigando. Yo dije que siguieran investigando, porque yo quiero a los 25 GNB presos, porque ellos sabían quién le disparó a Geraldín”, manifestó.

Orozco, quien es licenciada en Relaciones Industriales egresada del Cuam, criticó el hecho de que para el día siguiente del asesinato de su única hija, el jefe del destacamento 24, Frank Díaz Osuna, no actuó de manera correcta, pues opinó que como encargado del comando que atacó en la urbanización Tazajal “tuvo que haber puesto a la orden de la Fiscalía a todos los militares”.

Reprochó además la actuación de los cuerpos de seguridad en cada una de las protestas y concentraciones de calles, ante las agresiones físicas a los manifestantes, por lo que lamentó que jóvenes que se mantienen en la lucha estén detenidos, mientras que los militares, que usan la violencia, no lo estén.

“Esto es una indignación y una falta de respeto. Uno como madre se siente burlada… a mi hija me la mataron y ella estaba parada en la puerta, ella no estaba haciendo nada. Esto es lo que ellos deben ver y es la razón por la cual muchas veces tenemos que protestar. Nosotros no nos podemos callar y si lo hacemos vamos a perder a Venezuela”, sentenció.

Luis Armando Betancourt, abogado de la ONG Foro Penal Venezolano, manifestó que hasta la fecha, ninguno de los casos involucrados con las protestas está en la etapa de juicio. El único caso es el del estudiante Jhon Peña, quien fue imputado por el delito de obstaculización del área pública, resistencia a la autoridad, entre otros.

Más de 280 violaciones de DDHH en Carabobo

Betancourt señaló que esta ONG ha recibido 286 denuncias de personas que han sido agredidas físicamente y torturadas, así como de los que han sido privados de libertad y con medidas cautelares sustitutivas. “Y en varios de los casos las personas que son víctimas también fueron presentadas ante un Tribunal de Control”, dijo.

“Estos casos han tenido una celeridad anormal y el Ministerio Público ha manejado estos casos para sumar estadísticas, ¿pero, por qué no lo hacen con los demás casos?”, cuestionó el jurista, quien calificó además de vergonzosas, muchas de las acusaciones que, a su juicio, no tienen suficientes elementos.

Detalló que de los casos que manejan, solo siete funcionarios han sido detenidos: Cuatro por el asesinato de Geraldín Moreno Orozco, de los cuales apenas dos fueron privados de libertad; a otros tres por los delitos contra Juan Manuel Carrasco, se les dictó medida cautelar sustitutiva.

Marvinia Jiménez recalcó que seguirán agotando todas las instancias nacionales y de ser necesario, acudirán a organismos internacionales “porque no solo este caso se presta para ello, sino que muchos otros. Existen muchas violaciones de los derechos humanos”.

Ante las constantes agresiones por parte de los cuerpos de seguridad, los afectados decidieron crear el Frente de Víctimas contra la Represión, el cual se convirtió en un espacio para apoyar a las personas agredidas y captar a aquéllos que por temor a ser víctimas de represión, no han denunciado.

Orozco afirmó que una de las aspiraciones es hacer una gira nacional, para captar mucha más información sobre la violación de los derechos humanos, en especial de personas que han sido torturadas por los organismos de seguridad.

Betancourt precisó que en Carabobo, uno de los casos más sonados fue la presunta violación de Juan Manuel Carrasco. “Sobre esto solo hemos escuchado a dos o tres, pero cada uno de ellos, en total 11, tienen algo que contar bien delicado y que cuando lo narran, lo están viviendo de nuevo”.

Apuntó que existen muchos casos donde se deja en evidencia el abuso policial; sin embargo, el jurista lamentó que muchas de las víctimas no se han atrevido a denunciar agresiones que si bien son contadas por la ONG, no pueden ser documentadas. “Para nosotros es importante que los venezolanos sepan qué es lo que está pasando”.

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