«Una sentencia no pasa por el juez sino por quien está arriba, llámese Diosdado Cabello o quien sea», expresó este lunes 7 de febrero Miguel Henrique Otero, presidente editor del diario El Nacional, cuya sede fue tomada por el régimen de Nicolás Maduro.
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«La jueza se lanzó con esta sentencia, asignó el edificio y supuestamente hizo una subasta. Nadie vio dónde llamaron a la subasta ni quién fue. No hubo cartel de remate en el edificio. Solo fue el abogado de Diosdado Cabello y le asignaron el edificio. Nosotros ni sabíamos que había esa subasta, se supone que cualquiera debería poder ir a comprarlo», agregó durante una entrevista ofrecida al diario peruano El Comercio, la cual fue replicada en el portal web de dicho medio venezolano.
«Nos enteramos el viernes, pero hoy decidimos informarlo. Yo tengo un abogado que va todos los días a los tribunales y alguien dijo que había pasado algo con el edificio. El abogado fue y vio que había un despacho del juez diciendo que había hecho eso», sostuvo Otero sobre la subasta del edificio ubicado en Caracas.
En consecuencia, la legítima Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 y de mayoría opositora emitió un comunicado en el que manifestó, nuevamente, su repudio al que consideró un «robo judicial» de la sede del diario.
En el documento, recordaron que la decisión de la toma de posesión de la sede física del medio de comunicación la ejecutó el Tribunal Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil, de Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas que, a su vez, le adjudicó directamente la propiedad a Diosdado Cabello Rondón, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
A principios de mayo de 2021 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) – ente también controlado por el régimen de Nicolás Maduro – ratificó al periódico el fallo en el cual se les obligaba a pagar una indemnización a Diosdado Cabello por más de 13 millones de dólares, debido a un presunto «daño moral» por la publicación de una noticia.
El caso se remonta al 2015, cuando el medio replicó una información del diario español ABC, en la cual se indicaba que el líder chavista era investigado por Estados Unidos debido a presuntos nexos con el narcotráfico. «No es posible deducir cómo los jueces concluyeron semejante monto a pagar», fue la respuesta de El Nacional.
Además, señalaron desde el periódico, que Cabello se ampara «ilegítimamente en un caso de daños morales» para pretender «aplicar una especie de derecho del enemigo en contra de los medios de comunicación, y en este caso con la aviesa intención de perpetrar una expropiación encubierta mediante la cual pasaría a ser propietario y editor de este histórico medio de comunicación». Lo que finalmente, ocurrió.
Redacción Maduradas con información de El Nacional