El pasado martes el Tribunal Sexto en funciones de control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, a cargo de la juez Yoibeth Escalona, acordó la solicitud hecha por los fiscales del Ministerio Público adscritos a las fiscalías 80, 39 y 44 con competencia nacional, respectivamente; y la 28 del estado Carabobo, de conceder una medida cautelar sustitutiva de libertad, con presentación cada siete días, a favor de los sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana Paola Barroso y Franklin García.
Los funcionarios están presuntamente involucrados en la muerte de Geraldín Moreno Orozco, universitaria de 23 años fallecida a consecuencia de un disparo de perdigones en la cara. Los fiscales explican en su escrito que como la investigación por el caso de la muerte de Geraldín Moreno no ha terminado, solicitaron esta medida menos gravosa, debido a que todavía hay unas diligencias que falta recabar.
El coordinador del Foro Penal en Carabobo, Luis Armando Betancourt, explicó que no es común que el Ministerio Público solicite este tipo de medidas cuando hay fundados elementos de convicción, que pueden hacer presumir la participación de estas personas en el hecho punible por el cual hoy son investigados.
Esta investigación inicia con la muerte de Geraldín y el Ministerio Público solicita una orden de aprehensión por haber existido fundados elementos de convicción en contra de Paola Barroso y Franklin García, efectivos del destacamento Nº 24 de la Guardia Nacional Bolivariana de Carabobo.
Después de ser detenido el tercer implicado en el caso, teniente Alvis Bonilla, el Ministerio Publico alegó que las circunstancias cambiaron, y que el proceso puede ser asegurado con una medida cautelar sustitutiva, y no es necesario mantenerlos privados de libertad.
Betancourt precisó que ante este hecho Rosa Orozco y Saúl Moreno, padres de Geraldín, asistidos por el Foro Penal consignaron ante el Tribunal Sexto y el Ministerio Público un escrito donde se oponen a la solicitud realizada por la representación fiscal, ya que el Ministerio Público imputó una precalificación jurídica sobre la conducta de los funcionarios detenidos por los delitos de homicidio calificado, uso indebido de armas orgánicas y quebrantamiento de principios y pactos internacionales.
Para nosotros en este caso en general existe una grave violación de los derechos humanos, lo cual no puede ser beneficiado con una medida cautelar sustitutiva, hay personas que cometen delitos menos graves y se encuentran privadas de libertad, puntualizó el abogado.
Las víctimas solicitaron el 6 de mayo una medida de protección al Tribunal Sexto, sin que hasta ahora se haya materializado, y con esta medida puede correr un grave riesgo la investigación y la seguridad de ellos mismos, precisó el representante.
El pasado martes antes de haber decretado la libertad el Tribunal Sexto de control, se introdujo además una solicitud ante la Fiscalía 28 del Ministerio Público del estado Carabobo y el Tribunal de Control, donde se oponen a la medida. A la fecha no han obtenido respuesta.
Las autoridades disponen de varios testigos y cuentan con la identificación del integrante del batallón de la GNB que presuntamente disparó contra la joven deportista y estudiante de quinto semestre de Citotecnología, así como de los otros seis militares que actuaron contra los manifestantes que se encontraban en el sector Tazajal de Naguanagua, el miércoles 19 de febrero de este año.
Con información del portal de El Carabobeño