Por orden del finado expresidente Hugo Chávez, el Consulado de Venezuela fue cerrado en 2012 y desde entonces permanece a puertas cerradas. Sin embargo, contrario a lo que dicta la lógica y que haría suponer el fin del contrato de arrendamiento del local donde dicho consulado funcionaba, esto no sucedió y el Estado venezolano continúa pagando una renta mensual de 158.800 dólares por este inmueble que no usa, lo que equivale a 1.905.600 de dólares al año.
El vicepresidente ejecutivo de la firma de bienes y raíces Florida East Coast Realty, Wayne Hollo, cuya empresa es dueña de la oficina donde está el consulado, dijo que el Gobierno venezolano es un arrendador ideal. “Están quietos y todavía pagan la renta”.
El Estado venezolano ha debido pagar en los últimos tres años 5.716.800 dólares por una oficina de 737 metros de cuadrados inoperativa, que debería servir a los 50.000 venezolanos que residen legalmente en Miami.
Los desembolsos mensuales que hace la cancillería de Nicolás Maduro por este espacio ubicado en una torre de la 1101 de Brickell Avenue se deberían mantener hasta 2021, año que en expira el contrato de arrendamiento firmado por Venezuela durante diez años antes del roce diplomático que derivó el cierre del Consulado.
Desde el 16 de enero de 2012, la oficina diplomática venezolana se mantiene cerrada y sin personal tras reaccionar a la orden de Estados Unidos de expulsar a su funcionaria Livia Acosta.
En febrero de 2012, East Coast Realty demandó al Estado venezolano por falta de pago de la oficina consular. El caso se solventó después con el compromiso de la Cancillería de pagar al día.
Venezuela y Estados Unidos han mantenido en los últimos meses acercamientos diplomáticos mediante encuentros entre algunos de sus funcionarios, que buscan en un principio restablecer a sus embajadores en las sedes diplomáticas de Washington y Caracas.
Ambos países se mantienen sin embajadores desde el año 2010.
Información de El Estímulo/ Miami Diario / Pan Caliente.