Cada vez que Leopoldo López interviene en el juicio que se le sigue por los hechos de violencia del 12 de febrero eleva la voz, denuncia irregularidades y reclama derechos. Ayer pasó al banquillo de los acusados con más energía. Llevaba una libreta negra en la que toma notas, la Constitución y el dictamen del grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas que recomienda al gobierno su inmediata liberación.
“Esta no es una simple ONG que está en Ginebra, no es el pronunciamiento de un gobierno extranjero; se trata de un organismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del cual Venezuela es miembro”, señaló el dirigente opositor para destacar la trascendencia de la resolución aprobada en agosto y divulgada la semana pasada.
López es economista, pero se ha convertido en un jurisperito después de haber afrontado más de 20 procesos judiciales y administrativos en su contra. Como si la jueza no lo supiera o quizás para que los representantes de los gobiernos de Austria, Gerhard Erdely, y de Holanda, Joan Van Der Zeeuw, que asistieron a la séptima sesión del debate público y oral, lo entendieran, el máximo líder de Voluntad Popular explicó que el artículo 31 de la Constitución le dio el derecho de solicitar tutela internacional y que el artículo 23 de la carta magna consagra la prevalencia de los tratados, pactos y convenios de derechos humanos sobre el derecho interno cuando contienen normas sobre su goce y ejercicio más favorables.
“Por tanto, ciudadana jueza, usted tiene la obligación constitucional de conferirme la libertad, así como al estudiante Christian Holdack. Sabemos que está sometida a muchas presiones, como todos los jueces venezolanos que son provisorios y no tienen estabilidad en sus cargos. Tiene la oportunidad de ser el rostro de la justicia, pero también corre el riesgo de ser el rostro de la injusticia. Sea valiente, denos la libertad”, le exigió López a la jueza 28 de juicio, Susana Barreiros.
La juzgadora, imperturbable, respondió que todavía no se había vencido el lapso para responder a la recomendación de la ONU y, por otra parte, que ya se había pronunciado sobre la solicitud de libertad condicional formulada por la defensa de Holdack. Al final de la sesión se supo que el estudiante de 34 años de edad, que sufre de cefalea vascular grave, seguirá preso en la sede de la Policía Municipal de Chacao.
Las esperanzas de la esposa, Aurora Armesto, y del padre, Willy Holdack, así como el buen ánimo del joven que permanece detenido desde el 12 de febrero se vinieron abajo. De nada sirvieron las gestiones que a su favor hicieron la Defensoría del Pueblo y la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público.
¿Expertos? Ayer rindieron testimonios dos expertos. Nurki Zapata, de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, hizo un reconocimiento legal (que la Fiscalía había identificado erróneamente como experticia biológica) a nueve o siez pedazos de hormigón y tres piezas metálicas, referidas en el medio de prueba como restos de espoletas.
Como quiera que a López y a los estudiantes Christian Holdack, Marcos Coello, Demian Martínez y Ángel González no les admitieron pruebas para demostrar su inocencia, sus abogados han actuado coordinadamente para desvirtuar las pruebas de la Fiscalía. Como ha sucedido con los seis expertos que han declarado en sesiones previas, los dos de ayer también confirmaron los errores cometidos por el Ministerio Público. Por ejemplo, Zapata admitió que la experticia que realizó fue mal numerada, pues en la respectiva nomenclatura se colocó 2013 en vez de 2014. “No son simples formalidades, sino evidencias de que la Fiscalía formuló acusaciones en forma atropellada sin cumplir con el rigor del debido proceso”, advirtió el abogado Juan Carlos Gutiérrez.
Emilio Hernández, del Laboratorio Físico-Químico del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, examinó seis prendas de vestir que llevaban los estudiantes Luis Boada, Nelson Gil, Marcos Coello y Christian Holdack, y que presuntamente estaban impregnadas de restos de pólvora y combustible. Confirmó que no hay indicios de que los estudiantes hayan disparado y que la presencia de hidrocarburos acelerantes en la ropa de los jóvenes sólo se precisó mediante una prueba de orientación. Debía ser verificada a través de un equipo denominado cromatógrafo de gases, pero que la prueba de certeza no se hizo porque dicho equipo está dañado.
El debate oral y público comenzó el 23 de julio y se han llevado a cabo siete sesiones, durante las cuales han rendido declaración ocho expertos. En total son 109 testimonios (108 promovidos por la Fiscalía y uno por la defensa). Si en casi tres meses solo han comparecido ocho de los 109 personas, el proceso pudiera extenderse por años. “A lo mejor eso es lo que quieren: un juicio interminable y que, mientras tanto, Leopoldo siga encerrado”, aventuró el padre del dirigente opositor, Leopoldo López Gil. El debate oral y público se reanudará el 28 de octubre.
Capturados in fraganti
Entre los vicios reiteradamente denunciados por Leopoldo López está la violación de la confidencialidad de las comunicaciones con sus abogados: “En Ramo Verde graban todo lo que hablamos, incluso hemos encontrado los dispositivos de grabación”.
Ayer López denunció que los camarógrafos encargados de hacer el registro audiovisual del debate oral y público se atrevieron a grabar la conversación privada que tuvo con sus defensores en la sala de audiencia: “Los capturamos in fraganti y los obligamos a borrar esa grabación. Y nos preguntamos, ¿a quién le iban a pasar información estos funcionarios del Poder Judicial?”.
El Nacional