El pasado 1 de julio el dirigente político de Primero Justicia, Julio Borges, publicó un artículo en el medio colombiano El Espectador, indicando que el líder del régimen,Nicolás Maduro, convirtió a Venezuela en una franquicia del crimen organizado y explicando que los ingresos producto de esta «economía negra» representan el 22% del PIB.
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Borges indicó que estos ingresos generados por el régimen provienen de actividades ilegales como el narcotráfico, el contrabando de minerales, la trata de personas, el lavado de activos y la corrupción, los cuales son llevados a cabo por grupos armados quienes actualmente están ejerciendo el control de esta economía negra en Venezuela.
“De acuerdo con la firma Ecoanalítica, una de las consultoras en materia macroeconómica más prestigiosas de Venezuela, el 22% de Producto Interno Bruto (PIB) venezolano depende de la economía negra. Es decir, de cada 10 millones de dólares que produce nuestra económica, 2 provienen de rentas ilegales que emanan de actividades como el narcotráfico, el contrabando de minerales, la trata de personas, el lavado de activos y la corrupción”, sentenció.
El coordinador nacional de Primero Justicia resaltó que grupos irregulares como las FARC y el ELN utilizan el territorio venezolano para resguardarse y como su centro de operaciones para realizar sus actividades ilícitas sometiendo y extorsionando a sus habitantes.
“Pseudo-empresarios han conformado, a punta de corrupción y lavado de dinero, una burbuja en un pequeño sector de la capital”, indico.
“Hablo de grupos como los ex FARC, el ELN y el mismo Hezbollah, que han utilizado a Venezuela no solo como refugio para planificar operaciones de desestabilización de la región, sino también como su centro de enriquecimiento. Estas organizaciones criminales hacen las veces de Estado en muchas regiones de Venezuela, sometiendo a la población a través de la violencia, controlando pasos fronterizos y cobrando vacunas a todos los microempresarios”, destacó.
Borges aseguró que las instituciones encargadas de impartir justicia y corregir estas desviaciones no oponen resistencia, sino que por el contrario los protegen.
“Existe todo un andamiaje institucional y político que se encuentra postrado a estas actividades ilegales y que no encuentra resistencia por el desmantelamiento de la justicia”, dijo.
“En la mayoría de los países la institucionalidad lucha contra este fenómeno del crimen organizado, en Venezuela las instituciones lo protegen y más que lo protegen, lo fomentan”, resaltó.
Redacción Maduradas con información de El Espectador