Los abogados de la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) designada por Nicolás Maduro y los de la nombrada por el presidente encargado del país, Juan Guaidó, ultiman este lunes 18 de julio sus argumentos ante el Tribunal Superior de Londres a fin de conseguir el control sobre el oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra.
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De acuerdo a la agencia de noticias EFE, el letrado del bando de Maduro, Richard Lissack, tuvo el primer turno de palabra para resumir sus alegatos, antes de que lo hiciera Andrew Fulton, de la parte de Guaidó, que continuará tras la pausa del almuerzo.
Se espera que, al término de la jornada, que culmina un juicio de cuatro días, la jueza Sara Cockerill, de la división comercial del Superior, indique aproximadamente cuándo prevé pronunciar su dictamen, que no será inmediato.
Lissack defendió que la Justicia inglesa debe dar por buenas las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), controlado por Maduro, que anularon los nombramientos de Guaidó a su junta «ad hoc» del BCV y al cargo de procurador «especial», ocupado ahora por Enrique José Sánchez Falcón.
Fulton, por su parte, defendió que esos fallos anulatorios no son aplicables en Inglaterra porque -sostiene- el TSJ es una institución ligada al Gobierno de Maduro, a quien el Ejecutivo del Reino Unido no acepta como presidente de Venezuela, pues desde 2019 solo reconoce a Guaidó de forma interina.
LA BATALLA POR EL ORO VENEZOLANO
El régimen de Maduro, a través del Banco Central de Venezuela (BCV) lleva más de tres años intentando sin éxito recuperar unas 30 toneladas de oro de la reserva nacional, valoradas en 1.000 millones de dólares, que tiene guardadas en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra.
Pero la Asamblea Nacional (AN), dominada por la oposición y presidida por Guaidó, nombró en julio de 2019 a su propia dirección ad hoc del BCV y pidió a Londres que no entregase los lingotes, asegurando que podrían servir para reprimir al pueblo venezolano, o llenar los bolsillos de un régimen que califica de cleptócrata.
Con el argumento de necesitar el dinero para combatir la pandemia de COVID-19, Caracas se querelló en mayo de 2021 contra el Banco de Inglaterra y aseguró que la causa era urgente debido a la crisis humanitaria.
La institución, que custodia fondos, dijo sin embargo encontrarse atrapada entre dos grupos rivales que le dan instrucciones contradictorias y pidió a la justicia que, antes de decidir el destino final del oro, se resolviese quién tiene su control.
En julio de ese año el juzgado comercial falló a favor de la oposición, considerado que el reconocimiento de Guaidó por Londres como presidente encargado le otorgaba el poder de decir el futuro de los fondos.
El fallo del juzgado comercial fue anulado en octubre por la Corte de Apelación, que consideró ambigua la declaración del entonces ministro británico de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, cuando en febrero de 2019 reconoció a Guaidó como «presidente interino de Venezuela hasta que puedan celebrarse elecciones creíbles».
Tres jueces consideraron que podía tratarse de una mera declaración política y que era posible que el ejecutivo siguiese reconociendo «de facto» al régimen de Maduro.
Londres anunció que «no reconocerá la legitimidad» de la nueva AN surgida de las elecciones del 2020 -sin la participación de casi toda la oposición y marcadas por una alta abstención del 69%- que devolvieron el control del «Parlamento» a Maduro.
el Tribunal Supremo del Reino Unido, la máxima instancia judicial del país, analiza desde el 19 de julio el caso del acceso al oro de Venezuela depositado en el Banco de Inglaterra. Fuentes del gobierno interino dijeron a ABC que «aunque no habrá una decisión pronto, las audiencias supondrán un duro golpe a las pretensiones de la dictadura de Maduro, en lo que se refiere al alcance del reconocimiento de parte del Gobierno de su Majestad al Gobierno de Guaidó y de los nombramientos hechos por él».
Redacción Maduradas con información de BBC y EFE
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