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¿JUSTICIA? Denuncian que el Estado gana 94% de los juicios en su contra

Invencibles. Así deben sentirse todos los abogados que representan a los organismos del Estado en cualquier proceso judicial en Venezuela y tienen motivos para ello, pues de acuerdo con cifras manejadas por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) ganan 94 de cada 100 casos. La información figura en el último informe sobre la situación de las garantías fundamentales en el país, que la organización presentó esta semana en Caracas; y donde anunció que en 2013 revisó la suerte que corrieron 102 demandas que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) recibió contra el Presidente de la República, la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Contraloría, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo y halló que el 96 fueron desestimadas.

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El 44,11% de las acciones (45) fueron desechadas sin que quisiera fueran analizadas y por razones de forma, mientras que solamente el 27,44% (25) fueron rechazadas tras estudiar el fondo de la petición, constató la organización.

Otro dato relevante del estudio realizado por Provea es que de las seis acciones que perdió el Estado, ninguna fue contra el Jefe del Estado o el Gobierno, sino que fueron contra el CNE y la Contraloría. Para la agrupación estos resultados “causan mayor indefensión y desconfianza” entre los ciudadanos.

Para el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello, Ricardo Antela, estos números no son normales.

“En Venezuela la estadística era distinta hasta el 2000, porque hasta ese año el Estado perdía demandas en buena medida porque actuaba mal y aunque se defendiera bien, su actuación lo condenaba”, afirmó el experto, quien agregó: “O los abogados del Estado son extraordinarios y los demás abogados somos malísimos o el Poder Judicial tiene la instrucción de no condenar al Estado”.

Tras admitir el mismo tiene nueve años sin ganarle un solo proceso a un organismo público, Antela denunció que en los últimos años no solo los juzgados se empecinan en darle la razón a las instituciones sino que además las leyes hacen más desigual la controversia.

“Hoy si los abogados del Estado no consignan las pruebas en el juicio igualmente se da por un hecho que lo hizo, ampliando ese privilegio que tenía la República de por ejemplo no perder casos aunque no responda en los lapsos las acciones en su contra”, criticó.

Sin justicia hay más conflicto

Para Antela esta situación es una de las razones de la alta conflictividad social reinante en el país. “Si el Estado cuando actúa mal, aún sin intención, no es sancionado por los jueces y ellos no le fuerzan a corregir su actuación se genera impunidad y se invita a los ciudadanos a tomarse la justicia por sus propias manos, bien sea con protestas pacíficas u otras actuaciones más radicales”, afirmó, al tiempo que denunció: “La justicia venezolana está condenando a los ciudadanos a soportar los abusos del Estado”, reseñó el portal del diario El Universal.

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