Según informó un medio venezolano, el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, la ministra para Servicios y Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, y otras figuras del oficialismo como Aristóbulo Isturiz, serían juzgados en España por hechos que ocurrieron el 11 de abril de 2002.
De acuerdo a la información revelada por Informe21.com, el juzgamiento se realizaría por las presuntas violaciones a los Derechos Humanos durante hechos que se registraron en el 2002 y que habrían sido propiciados por 22 dirigentes y funcionarios venezolanos (civiles y militares).
La demanda interpuesta ante la Audiencia Nacional de Madrid permitiría a los juzgados españoles, investigar e intervenir en los hechos de violaciones a los Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad, como los que se registraron durante la conocida «masacre del silencio» donde fallecieron 19 personas y otras 150 resultaron heridas de gravedad, reseñó en NTN24.
El corresponsal en Madrid del medio José A. Puglisi, sostuvo un encuentro con William Cárdenas, coordinador de la Plataforma Democrática de Venezuela para conocer más a fondo sobre el caso y determinar el alcance judicial que tendría.
La jurisdicción española podría aplicarse en este caso teniendo en cuenta lo que reza el Principio de Justicia Universal contenido en el apartado cuarto del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
«Igualmente, serán competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles a tipificarse, según la ley española, como alguno de los siguientes delitos: genocidio y lesa humanidad, terrorismo, (…), cualquier otro que, según los tratados y convenios internacionales, en particular los Convenios de derecho internacional humanitario y protección de los Derechos Humanos, deba ser perseguido en España».