La periodistas de investigación Sebastiana Barráez publica este viernes en su columna en el semanario Quinto Día, los emblemáticos casos de cuatro altos funcionarios chavistas que, luego de verse envueltos en escandalosos casos de corrupción, han recibido “medidas humanitarias” de parte de un sistema judicial que por otra parte le niega cualquier posibilidad a quienes son etiquetados de opositores, reseñó el portal de La Patilla.
Lea a continuación los comentarios de Sebastiana Barráez:
JUSTICIA. Con el cuento de las medidas humanitarias, la justicia venezolana se ha enseñoreado ante algunos delincuentes de cuello blanco. Pregona el chavismo que en la Cuarta República era más grave robarse una gallina que meter las manos en el erario público. Se ha reeditado el hecho. No sólo son las empresas de maletín que se robaron millones de dólares de Cadivi y cuyos nombres es el secreto mejor guardado del país. Ejemplo de tres casos que dejan mal parada a la “justicia” ante funcionarios señalados de corrupción. He ahí el del ex gobernador del estado Guárico, Luis Enrique Gallardo, señalado por malversación de fondos sobre varios cientos de viviendas que jamás fueron ejecutadas y cuyo dinero no apareció. El 27 de junio 2013, Maduro anunció que estaba preso. Ya para diciembre el juez José Cumares, mandó a Gallardo para su casa, porque el pobre tiene una “hipertensión leve”. Igual sucedió con el Rey de la Cabilla, Luis Velásquez, quien permaneció un tiempo en las celdas de la DIM, pero luego en una maniobra judicial, le dieron medida humanitaria, dizque porque estaba a punto de morir de leucemia. Eso fue hace más de un año. Otro caso escandaloso fue el del alcalde de Valencia, Edgardo Parra Oquendo, acusado por presunto concierto con contratista en grado de cómplice necesario, corrupción propia, peculado doloso impropio y asociación para delinquir. Sólo estuvo 7 meses detenido y a mediados de mayo 2014, el Tribunal Tercero de Control, lo beneficia con medida humanitaria porque le darían taticardias. Le habrían devuelto todos los bienes.
FERMÍN. Es el abogado Lisandro Fermín. Fue delegado de la Defensoría del Pueblo en Falcón durante los años 2009-2012. El 2 de agosto 2012, 130 Consejos Comunales del municipio Miranda de ese estado, le entregaron a la Defensora Gabriela Ramírez, una carta donde denunciaban a Fermín por considerar su comportamiento ético y moral no acorde con el cargo. El 3 de agosto 2012 escucharon por la emisora Wao 102.3 FM Programa Radial La Matraca del Pueblo a Gabriela Ramírez decir que la habían visitado “unos consejos comunales chimbos del municipio Miranda y afirmando que el abogado Lisandro Fermín era una persona trabajadora y honorable”. Un mes después, el 01 de septiembre 2012, una comisión del Sebin de Caracas habría detenido infraganti al abogado Fermín mientras extorsionaba a un empresario por Bs. 300 millones. Fermín fue recluido en la Comandancia de Policía, con ciertos privilegios. En marzo 2013 el juicio es radicado en Anzoátegui. “La sorpresa de los consejos comunales, es que el 30 de septiembre, cuando el presidente Maduro visitó el Batallón de Infantería Girardot de Coro, en la comitiva de recepción, y junto al alcalde deMiranda, la Gobernadora del estado y el diputado Jesús Montilla, estaba el abogado Fermín”. Lo insólito es que el 14 de abril 2014 la Defensora Gabriela Ramírez, nombró Delegado de la Defensoría del Pueblo en el estado Sucre a Lisandro Fermín.