Cada vez está más debilitado se encuentra en Venezuela la independencia y autonomía del Poder Judicial, a pesar de ser un factor indispensable para garantizar la vigencia de toda democracia, elemento que, según advirte el ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Carlos Ayala Corao.
“La justicia estructuralmente no tiene en Venezuela la independencia necesaria para frenar el poder e inclusive para darle las órdenes para que respeten los Derechos Humanos. Eso ha facilitado la persecución de la disidencia; ha facilitado que se obstruya el acceso a la información pública, con jurisprudencia regresiva”, señaló.
El jurista destacó que informes elaborados por organizaciones no gubernamentales han demostrado que la mayoría de las decisiones dictadas por los tribunales favorece a factores de poder frente a los ciudadanos.
Ayala Corao enfatizó que en Venezuela los jueces no disfrutan de estabilidad. Detalló que cerca del 80% son provisorios u ocupan sus cargos de forma temporal, lo que los hace susceptibles de ser destituidos en cualquier momento.
Recalcó que esta situación ha hecho que muchos funcionarios hayan sido removidos por dictar decisiones que no gustan al Gobierno, como ocurrió con el caso de los magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.
Detalló que este problema ha sido identificado por organismos pertenecientes a Naciones Unidas y a la OEA, que frecuentemente han alertado sobre la debilidad del Poder Judicial venezolano. “Todo esto hace que los venezolanos no tengamos acceso a jueces independientes e imparciales que nos protejan en nuestros derechos”, comentó.
El jurista resaltó que reputadas organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han centrado su atención en las dificultades que se registran en Venezuela para garantizar independencia en tribunales.
“Han venido haciéndole un seguimiento de cerca de la situación venezolana, en el ámbito de derechos de suma importancia, como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la libertad de expresión y de manifestación política. El desdibujamiento de las garantías fundamentales de la democracia ha tenido un efecto directo sobre el goce de estos derechos para todos los venezolanos”, acotó.
El ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció que las garantías esenciales para la vigencia de un sistema democrático están previstas en la Constitución. Sin embargo, afirmó que en la práctica cada vez se respeta menos el texto de la Carta Magna.
“Una cosa es lo que la Constitución dice y otra cosa es lo que ocurre en la práctica. En la propia Constitución se establece la estabilidad de los jueces, la independencia judicial, y es esa Constitución la que es violada. Tenemos que diferenciar entre lo que idealmente dice la norma que debería cumplirse y lo que ocurre en la realidad”, apuntó.
El jurista calificó como un “grave divorcio” las inconsistencias que se están registrando entre lo previsto en las leyes y la forma como se está aplicando.
“En términos generales, con algunas excepciones, los derechos previstos en la Constitución coinciden con los establecidos en los instrumentos internacionales, pero si dentro de millones de años algún antropólogo desenterrara la Constitución venezolana pensaría que estamos en una sociedad ideal, en un gobierno de los dioses. Pero los regímenes no se clasifican por lo que está escrito en sus constituciones sino por lo que se cumple en la práctica”, acotó.