La nueva reforma de la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos y está en puertas, y con ella se incrementarán las sanciones contra aquellos que venden usando la tasa del dolar paralelo para establecer sus precios.
Es decir, aquellos comerciantes que decidan adquirir mercancía «por su lado» a falta de adjudicación de dólares preferenciales, no podrán vender los productos a menos que se ciñan al nuevo listado de precios justos, es decir, no obtendrían ganancia alguna y por el contrario se irían a pérdida.
La primera señal de esta modificación la anunció el presidente Nicolás Maduro el 21 de octubre, cuando dijo que “incurrir en la fijación de precios basado en el dólar paralelo, sin respaldo legal, constituirá un ilícito cambiario”.
Este delito en particular se traduce en que importadores adquieren dólares a tasa paralela (Bs. 814,71 por dólar el pasado viernes) con ellos compran productos en el exterior y luego venden esos artículos en el país, pero a un precio mucho más alto que la tasa oficial.
Esta actividad hace dos años atrás representaba solo un 5% de la importación de productos, sin embargo, a la fecha ha subido a un 40%. Una sanción precisa contra este modus de ilícito cambiario no aparece en la última reforma hecha el 18 de noviembre del 2014 a la ley, a pesar de que allí se estableció aumentos en montos de las multas y mayores penas de cárcel (2 a 7 años) para especuladores en dólares.
La Ley Contra Ilícitos Cambiarios, nació con este primer nombre el 27 de febrero de 2008, publicada en Gaceta Oficial Nº 38.879, y desde entonces el Gobierno ha tratado de frenar ilícitos surgidos en torno al Sistema cambiario instalado en el país desde el año 2003.
Sin embargo, ante lo que el Ejecutivo ha llamado la “guerra económica”, esta semana el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, reiteró que “el presidente Maduro va a reformar la ley de ilícitos y el que haga esto le va a salir las penas más severas de esa ley”, aunque no dio detalles sobre los cambios.
A diferencia de la reforma hecha el año pasado, en esta ocasión se publicaría por la vía Habilitante.
El diputado a la Asamblea Nacional Elías Matta así lo considera, porque “lamentablemente la AN está muy limitada, producto de la Habilitante entregada al Presidente, y prácticamente la Asamblea en el área económica no ha legislado casi nada”.
“Sospecho que la reforma al Régimen Tributario venezolano, que incluye a la Ley de Ilícitos cambiarios lo hará por la vía habilitante”, pronosticó Matta.
En su opinión, desde que se creó esta ley, “los resultados no son nada halagadores porque a pesar de todo un grupo de medidas, controles (…) la depreciación del bolívar ha sido terrible”.
“Si bien existe un dólar oficial a 6,30 bolívares, uno a 13,80 bolívares y un tercero en casi Bs. 200, la realidad nos dice que a esas tasas prácticamente nadie tiene acceso, solo Gobierno y algunas empresas del Estado”.
Sin embargo, cuando la gente va a comprar un repuesto, los dueños dicen que están calculados a dólar libre.
Precisamente, Matta recordó que el exministro Rafael Ramírez aseguró que para este año se tendría a la disposición $ 42 mil millones dentro del sistema cambiario, “pero todos saben que este último año a través de Cencoex, Sicad y Simadi la asignación y aprobación ha bajado más de 60%”.
Sobre este tema, el empresario y presidente de Fedecámaras Zulia, Carlos Dicskon, respondió: “Nosotros desde Fedecámaras Zulia (…) no creemos que sea sostenible mantener el actual modelo económico que se ha venido desarrollando en Venezuela”.
“La introducción en la economía y en el mercado de un sinnúmero de leyes, que en vez de promover la sana competencia e incorporar a nuevos actores, lo que hacen es restringir, controlar, paralizar e impedir el buen funcionamiento de las empresas en general”, acotó.
“Cuando Cencoex no vende dólares a 6,30, 13,50 o 200 bolívares y exige que los que inviertan sus ahorros en comprar dólares en mercado paralelo a una tasa 4 veces más cara (que la del Simadi) y obligando a sus dueños, padres de familia a vender a pérdida solo puede producir el amargo destino del cierre de negocios y la pérdida del sustento económico de las familias de esos trabajadores”, refiere el directivo gremial.
Esta vía se ha tomado, a su criterio, “cuando el Estado reconoce que no posee las reservas en divisas suficientes para atender la demanda, debido a que el precio del barril ha bajado un 60 % en un año (…), entre otras razones”.
Dicskon cree que penalizar a los pequeños comerciantes producirá: “Más desabastecimiento, escasez, pobreza y perdida de empleo por el cierre de comercios familiares ante lo irrecuperable de sus ahorros”.
Para el economista, Eddy Aguirre, director de la escuela de Economía de LUZ, aún no se tienen claras cuáles serán los ajuste a la ley, sin embargo, opinó que “es una buena medida hacer una modificación, para de esa manera poder encauzar las transacciones y sean dadas dentro del tipo de cambio que maneja el Gobierno”.
Ahora, explica que la pregunta ante esto es ¿cuál será el tipo de cambio que se determinará para tomar esta medida?, porque considera que primero se tendría que pasar por definir cuál es el nivel que se tomará como referencia.
Subrayó que podría ser el precio Simadi que es el más alto, para tomar las sanciones respectivas, aunque acotó que todo esto serviría siempre y cuando haya una asignación precisa en cada uno de los sectores; además se insistió en partir de una tipo de cambio unificado, para que esta ley pueda funcionar.
De lo contrario, tendrían unas aristas que estarían fundamentadas en la indefinición de cuál es el dólar marcador, para efecto las debidas sanciones.
A pesar de que la reforma aún no tiene fecha para entrar en vigencia, los venezolanos están a la expectativa, ante lo que sería una nueva medida que intenta controlar el “dólar paralelo” y su exorbitante alza.
Con información de Panorama.