El organismo será auditado luego de administrar por 11 años los dólares preferenciales del Estado. Cadivi agoniza, pero se va con al menos tres investigaciones a cuestas por parte de instituciones del Estado, tras cumplir 11 años aprobando los dólares preferenciales.
Aunque el organismo tenía un comité de seguridad interno, el Ejecutivo igual tuvo que designar una comisión presidencial que chequeara posibles ilícitos cambiarios.
Pero aún con estos dos procesos en plena revisión, ahora la gestión de Cadivi deberá someterse a una auditoría puertas adentro que realizará una recién designada junta supresora presidida por Alejandro Fleming y conformada por ocho funcionarios que han trabajado con él tanto en los ministerios de Comercio y Turismo como en la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos.
Los miembros de la junta deben revisar todos los documentos que entraron y salieron por Cadivi durante estos 11 años para la aprobación de dólares a empresas y personas. Esto implica chequear el cumplimiento de los trámites exigidos y verificar las firmas que dieron la autorización final a cada operación. Esto se une a procesos ya abiertos por la Fiscalía.
11 años de Control de Cambio en Venezuela
En 2003, el presidente Hugo Chávez estableció un control de cambio en el país para evitar fuga de capitales. El año anterior las reservas internacionales sufrieron una caída de 18,6% al ubicarse en 14.860 millones de dólares.
El 5 de febrero de ese año, el Gobierno creó la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) con la normativa que regularía su ejercicio. Fue el primer convenio cambiario de la gestión de Chávez.
Desde entonces hasta diciembre de 2013, Cadivi aprobó más de 1,7 millones de solicitudes para importación que sumaron $201.694 millones, es decir, 10 veces las reservas internacionales actuales del país. Durante ese tiempo atendió a poco más de 10.000 empresas.
El ministro de Planificación, Jorge Giordani, aseguró en abril de 2013 que a través de empresas fantasmas se perdieron por lo menos $25 mil millones aprobados para importaciones. Así lo confirmaría la ex presidenta del Banco Central de Venezuela (BCV) Edmee Betancourt, aunque según la alta funcionaria se trató de $20.000 millones que no se destinaron a la producción nacional.
En noviembre del 2013, el presidente Nicolás Maduro aseguró que se publicaría el nombre de estas empresas fantasmas y sus dueños. Y este 23 de abril reiteró aquella promesa.
Hasta ahora, solo hay un funcionario de Cadivi sentenciado, William Rojas Graterol, además de su hijo, William Rojas Godoy, quienes, según el Ministerio Público, admitieron responsabilidad en la creación de “empresas de maletín” para obtener divisas de forma fraudulenta entre 2010 y 2013. Rojas, según el Ministerio Público, ayudó a 30 empresas fantasmas.
El número de compañías suspendidas en Cadivi es mucho mayor, por lo menos 2.100, según el vicepresidente del Área Económica del Ejecutivo, Rafael Ramírez. Aparte, directamente en el Viceministerio de Hacienda se realizaron 79 verificaciones a empresas importadoras y en 58 de los casos se determinó “el uso correcto de la divisa otorgada por el Estado a través de Cadivi”, se señala en la Memoria y Cuenta del Ministerio de Economía.
De esas averiguaciones, seis expedientes se enviaron a la División Legal de la Dirección de Inspección y Fiscalización del despacho, “bajo la presunción de comisión de ilícitos cambiarios”. Y otras 15 se enviaron directamente al Ministerio Público, “los hechos controvertidos revisten carácter penal”.
Según la Memoria y Cuenta del Ministerio de Finanzas, están consignados ante la Fiscalía 42 casos específicos de empresas maletín, aunque en general, se indica que hay 86 compañías detectadas de este tipo. Existen órdenes de aprehensión para 12 personas.
Decisiones técnicas
Con una resolución se podía dictar un cambio de nombre para Cadivi y nuevos procesos para su mejor funcionamiento, explica Noris Aguirre, abogada especializada en finanzas, ex presidenta de Fogade después de la crisis financiera de 1994 y ex presidenta de la Bolsa de Valores de Caracas.
“Si se eliminó Cadivi, lo lógico es que se liquide. Pero si va a seguir en la misma área entonces solo se hacen modificaciones”, dijo.
Al decidir asignar una junta supresora, según indica la experta, se infiere entonces que es porque la gestión hecha en Cadivi amerita una auditoría a fondo.
“Con la supresión el organismo evalúa las deudas para decidir cuál debe cancelar, y si no puede hacerlo de inmediato puede continuar postergándolo. También determinará cuáles tienen que ser revisadas por su instancia superior”, agregó.
Si bien el decreto presidencial en el que se estableció suprimir Cadivi indica como motivo principal “que ya cumplió con el fin para el cual fue creada”, en Venezuela todavía hace falta un ente que apruebe divisas preferenciales bajo control de cambio.
En efecto, el Centro de Comercio Exterior (Cencoex) -órgano que sustituirá a Cadivi – continuará cumpliendo con esas mismas funciones, más su nueva atribución del manejo del Sicad I. Ramón Lobo, economista, diputado del Psuv y miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, asegura que se decidió establecer una junta supresora y no liquidadora debido a que Cadivi nunca tuvo personalidad jurídica.
“No hay ningún tipo de evasión de responsabilidad al establecer una liquidación o una supresión. Suprimir a Cadivi no quiere decir que no se puedan investigar los casos que están denunciados”, aseguró el parlamentario.
Pero se han dado casos de figuras sin personalidad jurídica, como el Fondo de Inversiones, a los que el Ejecutivo ha decidido liquidar.
“No se dejará de lado nada, la supresión solo busca que el ente sea más operativo y menos burocrático, y que se den respuestas inmediatas, con principio de transparencia”, señaló.
Con información de El Mundo.