En la revisión exhaustiva que deben realizar los ocho funcionarios de la junta supresora chequearán los activos del organismo (más que todos bienes e inmuebles, pues es un ente que no produce), pero sobre todo los pasivos, lo que implica todas las deudas pendientes de Cadivi, algunas con más de un año de retraso.
Las cifras más recientes de la Cámara Venezolana Americana de Comercio e Industria (Venamcham), apuntan a que la deuda de liquidaciones en divisas pendiente por importaciones alcanza $13.000 millones. El monto corresponde a solicitudes que obtuvieron en su momento una “autorización de adquisición de divisas” por parte de Cadivi. Ningún funcionario del Estado ha presentado una cuantificación de lo adeudado, reseñó El Mundo.
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En Alejandro Fleming, presidente de Cencoex, recayó la responsabilidad de designar a los ocho funcionarios (entre principales y suplentes) que auditarán el ente que manejó los dólares del país durante los últimos 11 años.
“Aunque es competencia y facultad del Gobierno nacional decidir quiénes serán los que hagan ese trabajo, y no se necesita algún tipo de convocatoria, es importante la idoneidad profesional y no solo evaluar los grados académicos, sino también la experiencia. Hay que garantizar criterios de una buena administración”, indicó Lobo.
Pero para los resultados que se obtengan en esta auditoría por la junta supresora ya designada todavía hay mucho que esperar, la culminación de esta supresión tiene como plazo máximo hasta el 31 de diciembre, pero con una prórroga posible de un año más.
Es el mismo plazo que tiene el comité presidencial, dirigido por el diputado Ricardo Sanguino, que investiga ilícitos cambiarios cometidos entre 2011 y 2013. Según el decreto que estableció esta comisión, antes del 3 de diciembre de este año se deberían conocer los hallazgos producto de revisar los cuatro costados de Cadivi.