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La mala racha de Shakira: A su separación de Piqué se le suma la posibilidad de que pueda ser enviada a prisión

La cantante colombiana Shakira tendrá que sentarse en el banquillo para responder por seis delitos contra la Hacienda Pública española, por los que la Fiscalía le pide en total ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros.

Una juez de Barcelona acordó este martes la apertura del juicio oral a la artista para que sea juzgada en la Audiencia de Barcelona, acusada de defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en España.

Shakira ya pagó la cantidad que la Agencia Tributaria de España le exigía – más otros tres millones de euros en intereses – , lo que no impide que tenga que sentarse en el banquillo a instancias de la Fiscalía.

La defensa de la cantante considera que el juicio oral será un «paso más» del proceso «habitual» de estas características y agregaron que harán su trabajo pronunciando sus argumentos en el momento oportuno, a través del escrito de defensa.

Lo que dice la cantante

«Estas son acusaciones falsas», dijo Shakira en una entrevista publicada el 21 de septiembre por la revista Elle, en la que hizo mención al tema legal que se suma a un año de contratiempos y marcado por su separación del futbolista Gerard Piqué.

Shakira aseguró en dicha entrevista que tiene la confianza de «haber hecho las cosas de la manera más correcta y transparente desde el primer día».

El Ministerio Público y la defensa de la cantante buscaron un acuerdo para evitar el juicio, pero en julio Shakira renunció a esta posibilidad, al mostrarse confiada en «que la justicia le dará la razón».

Sus representantes aseguran que la Fiscalía se ha «empeñado» en recaudar el dinero que Shakira ganó cuando fue jueza en The Voice -programa de televisión estadounidense, aunque en ese momento,  «aún no era residente en España».

Por eso, Shakira denunció que el fisco de España recurre «a una campaña de prensa lasciva para tratar de influir en las personas y ejercer presión en los medios junto con la amenaza de daños a la reputación para forzar acuerdos de conciliación».

Redacción Maduradas con información de EFE

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