Recientemente, la Asamblea Nacional (AN) afín al régimen madurista aprobó, en segunda discusión, la «Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento» de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y las Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro.
Al Navío
Sin embargo, desde su anuncio, la medida ha recibido una gran cantidad de críticas. De hecho, según el criterio de representantes de ONG y defensores de derechos humanos, la misma pondría en riesgo el derecho a la libertad de asociación, la libertad de expresión, la participación en asuntos públicos y otros derechos establecidos en la Constitución, leyes nacionales y tratados internacionales.
Alí Daniels, abogado y codirector de la organización Acceso a la Justicia, refirió al respecto que la ley venezolana señala que las ONG deben cumplir con una serie de requisitos administrativos para que puedan autorizar su funcionamiento.
«La ley no reconoce los derechos adquiridos de las organizaciones y obliga a que todas vuelvan a inscribirse en un registro para poder tener personalidad jurídica, exigiendo una serie de requisitos que pueden permitir que un funcionario niegue esa inscripción de manera arbitraria, y además que organizaciones que puedan ser molestas al Gobierno, no se puedan legalizar (…) Además, este tema de la inscripción no se acaba ahí. Porque una vez que se inscriba, y en el supuesto de que le acepten todos los documentos, anualmente tiene que entregar otros documentos, por lo cual la vida de la organización va a depender de esa revisión anual», comentó.
En ese orden de ideas, el abogado alertó que una tercera parte de las normas que contiene la ley son de carácter punitivo, es decir, sancionatorias. Además refirió que el documento contempla seis tipos de sanciones: multas, anulación de registro, medida preventiva de suspensión, disolución, anulación del registro de las organizaciones no domiciliadas y expulsión del país de personas extranjeras miembros de una organización no domiciliada.
«Se establecen unas multas que, para nosotros, tienen carácter confiscatorio, porque por una primera falta son de 100 a 1000 dólares, el término medio serían 500 dólares, y si hay una segunda falta, sería de hasta 10.000 dólares la multa», agregó.
En ese orden de ideas, Acceso a la Justicia refirió que, entre los aspectos más importantes del instrumento legal, destacan algunas de las causas que generan sanciones: incumplir con el registro oportuno de los actos y hechos previstos en la ley (artículo 35.1) e incumplir con la obligación de notificar de una donación o financiamiento (artículo 35.2), entre otros motivos.
Para la referida ONG, esta ley obliga a todas las organizaciones a reformar sus actas constitutivas imponiéndoles condiciones y modalidades específicas. Así lo reseñó La Patilla.
Para la especialista en derechos humanos, Beatriz Borges, la aplicación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, tendría un impacto directo en el cierre del tejido social y el espacio cívico en Venezuela.
«Se estarían violando tratados internacionales de derechos humanos y también nuestras leyes y nuestra Constitución que garantizan el derecho a la asociación, la libertad de expresión, el derecho a la defensa y a defender derechos. Y se está violando, de manera arbitraria, la capacidad de las organizaciones de ser autónomas, independientes y poder realizar su labor sin violencia, sin coacción, sin una regularización excesiva», afirmó.
Por su parte, Daniels agregó que la ley vulneraría el derecho de participación en asuntos públicos. Además, ambos especialistas alegaron que los más afectados con la aplicación de la ley serían las poblaciones más vulnerables, las cuales habrían sido impactadas por la situación de Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa Venezuela y cuyas necesidades son atendidas por diferentes organizaciones no gubernamentales.
Redacción Maduradas con información de La Patilla
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