El régimen de Nicolás Maduro utiliza la privacidad y los datos personales de las personas para perseguirlas y detenerlas. Así lo reveló un informe desarrollado por la ONG Espacio Público en el que señala las publicaciones a través de WhatsApp, el acceso indebido información privada con recursos públicos o la revisión ilegal de equipos por funcionarios.
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La organización indicó que solo en el año 2020 se registraron 16 casos de detenciones arbitrarias por la difusión de contenidos en WhatsApp.
«La crítica política, denuncias sociales, información sobre altos funcionarios, denuncias sobre presuntos hechos de corrupción, la difusión de convocatorias para protestar, o la mera circulación de información por parte de periodistas fueron parte de los contenidos que llevaron a las encarcelaciones», afirmó.
Con frecuencia, el régimen acusa a las personas de instigación al odio, un delito estipulado en la Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, que ha sido rechazada desde su aprobación por ser incompatible con los estándares en materia de libertad de expresión, señala Espacio Público.
«Policías y militares obligan a periodistas, reporteros/as, infociudadanos o particulares a borrar material o revisan directamente los equipos«, indicó
«Entre 2020 y 2021 se registraron 18 casos de confiscaciones ilegales y 13 episodios de amenazas o intentos violentos de revisión, con más de 20 reporteros/as afectados. La confiscación ilegal es una práctica que intenta en principio restringir la libertad de expresión e información», añadió.
Redacción Maduradas con información de El Nacional
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