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¡LE DECIMOS! En los próximos días enviarán a la CPI nuevos expedientes sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Al menos 14 expedientes de casos de crímenes de lesa humanidad, construidos por la Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad (Red-CLH), fueron enviados a la Corte Penal Internacional (CPI), otros 33 casos se encuentran en revisión para poder ser enviados y solicitar justicia.

Archivo

La información fue dada a conocer por Alonso Domínguez, coordinador de la Red-CLH, explicando que aportaron la documentación con casos de migrantes venezolanos para lograr hacer justicia por medio de la CPI.

“Esta labor se emprendió en vista de que observamos con preocupación la impunidad en el sistema de justicia venezolano, por eso decidimos aportar al proceso internacional de búsqueda de justicia a través de la documentación de casos de quienes habían emigrado de Venezuela”, explicó.

La Red-CLH registró más de 300 casos de migrantes venezolanos que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela a partir de 2014.

“Muchos venezolanos se fueron del país sin denunciar las graves violaciones de derechos humanos de las que fueron víctimas; algunos por desconocimiento de sus derechos, otros por amenazas y hostigamientos y una gran parte por desconfianza en las instituciones, pues es sabido que en Venezuela al no existir separación de poderes los órganos del Estado que deben proteger a la víctimas se han convertido en cómplices de los victimarios”, añadió Domínguez.

Estos casos fueron documentados y sistematizados con el objetivo de obtener información fidedigna y exhaustiva posible, siguiendo los protocolos rigurosos para identificar aquellos que constituyen crímenes de lesa humanidad.

Al recabar la información referente a estos casos, se pudo determinar la existencia de patrones de crímenes de lesa humanidad identificados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y evidenció la falta de investigación y sanción a los máximos responsables.

Algunos de los patrones identificados en las entrevistas con las víctimas son:

  • Hostigamiento,
  • Seguimiento con patrullas o carros particulares,
  • Detenciones arbitrarias,
  • Desapariciones forzadas prolongadas,
  • Hacinamiento en tanquetas y celdas,
  • Incomunicación,
  • Interrogatorios sin presencia de fiscales,
  • Acosos por vínculos con organizaciones de derechos humanos y/o partidos políticos,
  • Traslados a sitios de reclusión clandestinos,
  • Torturas físicas y psicológicas,
  • Detenidos colgados de manos y/o de cabeza,
  • Tortura con luz blanca día y noche,
  • Golpizas en diversas partes del cuerpo –incluidos dedos, cabeza y partes íntimas– hasta dejar inconscientes a las víctimas,
  • Simulación de ejecución,
  • Quemaduras,
  • Exposición a frío intenso,
  • Insultos,
  • Privación de sueño, agua y comida,
  • Celdas sin servicios de higiene personal y plagadas de insectos,
  • Detenidos obligados a criar animales y luego matarlos,
  • Acoso sexual,
  • Algunos detenidos obligados a tomar orina y rociados con gasolina,
  • Privación de libertad en “La casa de los sueños” de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM),
  • Amenazas de muerte a detenidos y sus familias,
  • Anulación de pasaportes, entre otros.

Las víctimas además denunciaron daños severos a viviendas y edificios donde residían, destrozos a carros, amenazas y agresiones a vecinos y entorno cercano. Omisión de funcionarios de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía en tomar denuncias; cambios de relatos de las víctimas en los expedientes por parte de estos funcionarios; negación de presentación ante un juez a fin de evitar registros oficiales, jueces recibiendo órdenes durante las audiencias, civiles procesados por tribunales militares, inexistencia de procesos judiciales, entre otros.

La mayoría de las victimas que fueron identificadas en estos casos de crímenes de lesa humanidad son: manifestantes, activistas, dirigentes políticos, líderes universitarios, estudiantes, personal de primeros auxilios, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, activistas digitales, empleados públicos que expresaron alguna inconformidad y personas del entorno cercano a las víctimas. En algunos casos las secuelas en las víctimas son de por vida.

Redacción Maduradas con información de Monitoreamos

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