El Gobierno de Nicolás Maduro ha fortalecido la instauración de un sistema totalitario en Venezuela, según lo explicado por abogados que afirman que desde el año 2013 iniciaron las maniobras para consolidar el objetivo de su antecesor, Hugo Chávez: perpetuarse en el poder.
Foto: Prensa Presidencial
Para el próximo 10 de enero inicia el nuevo periodo constitucional de Maduro en la presidencia hasta 2025, con un camino libre de obstáculos gracias a unas elecciones adelantadas donde resultó reelecto.
El abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels; junto al profesor de Derecho Constitucional, Vicente Haro; el coordinador de Investigaciones Provea, Marino Alvarado; y el abogado constitucionalista Juan Manuel Rafalli, consideraron que Maduro ha dado continuidad a la política de control de Chávez.
Para Haro, desde 2013 el Ejecutivo y el Legislativo fueron desmontando la Constitución de 1999 para consolidar un modelo socialista-comunista, para ese año terminó la etapa de control y comenzó la construcción de una dictadura, señaló.
Daniels explicó que para ello Maduro destituyó a funcionarios que no eran de su confianza como es el caso del expresidente de Pdvsa Rafael Ramírez: “Lo que hizo fue utilizar las instituciones que ya tenían controladas, para mantener y aumentar el estado de represión que había establecido Chávez. A partir de allí comenzaron sus maniobras para cimentarse en el poder”, detalló.
Por su parte, Alvarado señaló que el Gobierno de Maduro fortaleció una tendencia que inició durante el mandato de Chávez: el deterioro de las institucionalidad democrática: “castrarle su autonomía y ponerlas al servicio del Poder Ejecutivo, usar las instituciones para instrumentalizar la persecución política a los opositores”.
Los especialistas coincidieron en que para el 2014, Maduro comenzó a quitar de su camino a dirigentes de la oposición, siendo el primero de ellos Leopoldo López, a quien mandó a la cárcel en medio de un juicio irregular y político. El Presidente ha dejado debilitada a su contraparte con varios opositores presos, inhabilitados o en el exilio.
Desde ese año la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, el TSJ, junto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, han contribuido al desmontaje del Estado constitucional, consideró Haro.
En el primer año de gobierno de Maduro hubo 101 inhabilitaciones; luego en 2014 registraron 48 y en 2015 fueron 375, según el registro de Acceso a la Justicia. La mayoría de las invalidaciones fue en contra de dirigentes regionales que tenían mayores posibilidades de ganar elecciones en sus regiones.
En 2015 la MUD logró la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, pero antes de iniciar su periodo el TSJ inhabilitó a tres diputados de Amazonas y pidieron al CNE informar sobre resultados de la región, y hasta la fecha no han respondido.
El hecho de que los diputados asumieran el cargo generó que el TSJ, basado en la tesis del desacato por parte de la AN, ratificara a los rectores del CNE y le diera potestad a Maduro de aprobar estados de excepción. “El Tribunal Supremo de Justicia ha sido un pilar fundamental, el artífice de esta asunción de los poderes que no debería tener el Ejecutivo, pero a través de sus sentencias lo ha avalado”, agregó Daniels.
El portal web de El Nacional recopiló cuatro años de sentencias:
2015
La sentencia Nº 260 del 30 de diciembre, dictada por la Sala Electoral del TSJ, suspende los efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación de los tres diputados elegidos en Amazonas, en clara afectación de la función organizativa de la AN, su funcionamiento y la discusión de los temas que requieren las 2/3 partes de aprobación.“Esta sentencia, que amarra a la AN a un supuesto desacato, tiene más de la mitad del período constitucional del Legislativo y no se ha resuelto porque es la excusa para que no cumpla con el papel que le corresponde”, dijo Juan Manuel Raffalli.2016
Se emitieron 37 sentencias que menoscabaron el funcionamiento de la AN. Entre las más las destacadas está la del 7 de enero, fallo N° 1, cuando el TSJ impone la figura del desacato a la AN por juramentar a los diputados de Amazonas. La sentencia N° 225 de la Sala Constitucional anuló el acuerdo para revocar la designación de magistrados de diciembre de 2015, calificada como “exprés”. La N° 7 afecta la función contralora del Parlamento, al aprobar la prórroga del estado de excepción, que aún se mantiene, y otorgarle potestades legislativas en materias socioeconómicas al presidente.2017
En 33 oportunidades el máximo tribunal falló en contra de la AN, violando los derechos civiles y políticos tanto de sus diputados como de los electores. Según Acceso a la Justicia, 16 decisiones afectaron las funciones legislativas y otras 9, las atribuciones contraloras. En abril de este año, el TSJ despojó totalmente al Parlamento de sus funciones, con las sentencias 155 y 157, en las cuales ordenaron al Ejecutivo revisar la legislación penal vigente para poder ejercer acciones contra los diputados. Hasta la fecha son alrededor de 13 parlamentarios que han dejado su labor debido a la persecución.2018
Este año el Tribunal Supremo ha cesado su accionar en contra de la Asamblea Nacional, solo en tres oportunidades ha dictado sentencias en su contra. Dos fallos han sido de la Sala Constitucional que han afectado la labor legislativa del Parlamento, en una de ellas, en respaldo del estado de excepción decretado por el presidente el 20 de septiembre. La última proviene de la Sala de Casación Penal, en la cual piden a Colombia la extradición del diputado Julio Borges –quien se encuentra en ese país como refugiado– por presunto encubrimiento de homicidio de un menor de edad.
Redacción Maduradas con información de El Nacional.
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