Para el próximo 10 de septiembre fueron citados los funcionarios Jorge Homsi, Luis Salazar, Xiolis Vargas y Nurky Zapata, todos miembros de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales del Ministerio Público, para que declaren en el proceso contra el dirigente opositor Leopoldo López.
La información la suministraron fuentes judiciales y fue confirmada tanto en predios de la Fiscalía como por la defensa del líder fundador del partido Voluntad Popular.
Los citados rendirán testimonio sobre los hallazgos que hicieron luego de inspeccionar la sede principal del Ministerio Público, la cual fue atacada y su fachada dañada por algunos revoltosos tras la marcha opositora del pasado 12 de febrero. Según el despacho dirigido por Luisa Ortega Díaz este ataque fue incitado por López, a través de su discurso.
Para el abogado Juan Carlos Gutiérrez, coordinador del equipo que representa a López, el testimonio de estos expertos será interesante. ¿La razón? «Nos permitirá dilucidar si hubo o no incendio».
A López se le acusa del delito de incendio, por supuestamente instigar a jóvenes a que quemaran con bombas molotov el edificio donde la Fiscal General tiene su oficina.
Respecto al detective del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Luis Arévalo, el quinto experto que debió declarar en la pasada sesión del proceso, se conoció que el mismo se excusó de asistir debido a encontrarse de vacaciones fuera del país.
«Él pidió a la jueza que se le fijara otra fecha para comparecer», afirmaron en fuentes judiciales.
En la sesión del pasado 28 de agosto la defensa de López acusó a los primeros cuatro funcionarios del Cicpc que declararon de mentir y solicitó a la jueza Barreiros que acordara carearlos (tacha de falsedad) para determinar la verdad.
Esta petición deberá ser resuelta por la funcionaria el próximo miércoles.
Piden auxilio al TSJ
Gutiérrez también informó que el martes acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para solicitarle que revise el proceso contra el dirigente opositor, por considerar que tanto fiscales como jueces han cometido «grotescos manejos» que «ponen en duda la honorabilidad del sistema de justicia».
El penalista informó que en la petición de avocamiento que formuló a la Sala de Casación Penal, la cual ya fue ingresada al sistema y está a la espera de designación de un ponente, denunció la negativa del Ministerio Público, avalada por varios juzgados, de permitirle presentar pruebas para demostrar la inocencia de su cliente.
«Ha habido un manejo malicioso en el tema de las pruebas, pues a nosotros nos rechazaron siete testigos, pero como los promovió la Fiscalía la jueza de Control (Adriana López) los aceptó».
Otra de las denuncias que formuló la defensa es la relacionada con las violaciones a los Derechos Humanos de López. «Leopoldo está detenido a las órdenes de un juez y el juez cada vez que recibe una denuncia, como las que hemos presentado sobre su estado de aislamiento, debe tomar medidas. Ese es su deber».