La alta comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, rechazó este jueves 2 de julio las últimas decisiones emanadas del Tribunal Supremo de Justicias (TSJ) controlado por el régimen de Nicolás Maduro, entre la cuales cuenta la designación de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) sin la participación en el proceso de la legítima Asamblea Nacional (AN) liderada por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
EFE
Durante la presentación de su informe de actualización sobre la situación del país, denunció que las sentencias del TSJ que imponen un nuevo CNE y sirven para intervenir a los partidos políticos opositores, «disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos».
«Reitero mi llamado en favor de una negociación política inclusiva basada en derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos. Mi Oficina sigue dispuesta a contribuir en estos esfuerzos», manifestó la funcionaria de la ONU y expresidente de Chile.
Además, en el mismo documento, se advierte que los venezolanos continúan sufriendo “graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a sus bajos salarios, altos precios de los alimentos, colapso de los servicios públicos y precario acceso al sistema de salud”.
El documento fue realizado en base en los datos recopilados por la Oficina en entrevistas con múltiples fuentes y reuniones con un amplio abanico de funcionarios estatales y otros interesados. Bachelet anunció que el próximo 15 de julio presentará un nuevo informe sobre la independencia judicial y el acceso a la Justicia.
De momento, volvió a señalar a los organismos de seguridad del Estado controlados por Maduro. Entre los que destaca: las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
El reporte presentado contabilizó 1.324 muertes entre enero y mayo de 2020 en el marco de “operaciones de seguridad”. Según el detalle, las FAES fueron presuntamente responsables de 432 muertes, el Cicpc de 366 y la GNB de 136.
Redacción Maduradas con información de Infobae y El Nacional
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