El motivo por el cual se dio inicio a une estado de excepción en varios municipios del estado Táchira y posteriormente el cierre de la frontera colombo-venezolana, Maduro lo atribuyó a un enfrentamiento de contrabandistas con Guardias Nacionales, donde 3 funcionarios de la GNB resultaron heridos.
Sin embargo, fuentes familiarizadas con la zona, aseguran que fue un enfrentamiento entre bandas de droga operadas por integrantes de las Fuerzas Armadas venezolanas la que sirvió de detonante para que el régimen de Nicolás Maduro declarara el estado de excepción.
Las operaciones en el estado fronterizo con Colombia, ejecutadas por cerca de 2,000 solados, son vistas con preocupación por observadores internacionales ante la elevada presencia de militares venezolanos en la frontera y el maltrato al que están siendo sometidas las familias deportadas.
“Esto afecta a decenas de miles de personas”, dijo desde Nueva York el ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Diego Arria. “Es una situación muy peligrosa, tener tantos militares venezolanos actuando de esta manera en la frontera”.
Las fuentes señalaron que el régimen de Caracas ya llevaba meses deportando a ciudadanos colombianos bajo el denominado “Dispositivo Especial Para el Control de Indocumentados”, lo que ha conducido a la detención de cerca de 12,000 de ellos, más de 4,000 de ellos provenientes de Táchira.
Pero las operaciones emprendidas en el estado tras el cierre de la frontera con Colombia han conducido a la deportación de cerca de 1,000 colombianos, incluyendo al menos a 139 menores de edad.
Maduro anunció las medidas el jueves de la semana pasada, tras anunciar que un ataque de presuntos contrabandistas había dejado tres uniformados y un civil herido.
Pero fuentes con información de inteligencia dijeron que el ataque tuvo características muy distintas.
“Se trató de una pelea entre carteles, entre efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército, y el ataque [intento de asesinato perpetrado por sicarios] se produjo porque el civil que se encontraba en el carro les estaba dando la casa donde guardaban el cash [dinero en efectivo]”, dijo una de las fuentes.
Oficiales clave de las Fuerzas Armadas e integrantes del gobierno están siendo investigados por las autoridades estadounidenses bajo sospecha de que éstos son los que han asumido el control de las mayores operaciones del narcotráfico en el país sudamericano.
Entre las personas de interés por la justicia estadounidense se encuentran el ex director de Inteligencia Militar, Hugo Carvajal, y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, bajo sospecha de que ambos pertenecen a la máxima cúpula del denominado Cartel de los Soles.
José Antonio Colina, presidente de la ONG Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exterior (VEPPEX), dijo también haber recibido información proveniente del país sudamericano que apuntan a que el incidente de la semana pasada fue el resultado del enfrentamiento entre organizaciones delictivas que operan desde el Ejército y desde la Guardia Nacional.
“Hay prácticamente una guerra entre oficiales del Ejército y carteles del narcotráfico donde están involucrados oficiales de la Guardia Nacional”, declaró Colina.
Pero el incidente fue utilizado por el régimen para redoblar las deportaciones de indocumentados, las cuales han estado siendo ejecutadas en los últimos meses a través de las denominadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLPs), en reacción a sospechas de que organizaciones paramilitares colombianas operan en Venezuela.
“Eso ya había empezado en el mes de febrero pero es ahora que lo están haciendo abiertamente y están utilizando el atentado que le hicieron a los dos oficiales”, comentó en Miami el general Marco Ferreira Torres.
“Desde que empezaron en febrero, han detenido aproximadamente a unos 12,600 colombianos en las operaciones que ellos denominan operaciones de liberación del pueblo”, añadió.
Pero la manera en que las deportaciones están siendo realizadas en Táchira está generando olas dentro y fuera del país, ante reportes de que familias enteras están siendo obligadas a la fuerza a abandonar sus viviendas y llevadas a empujones hacia la frontera.
“Están marcando las casas de los colombianos, como hacían los nazis con los judíos”, comentó Arria.
En algunos sectores, las viviendas deshabitadas están siendo arrasadas con excavadoras.
“Es un drama social […] es un drama humanitario que estamos atendiendo aquí en Cúcuta”, dijo el ministro de Relaciones Interiores de Colombia, Juan Fernando Cristo, en una rueda de prensa.
La Cruz Roja Colombiana estableció un corredor humanitario para trasladar a pacientes que requieran atención médica desde las ciudades venezolanas fronterizas hasta centros hospitalarios de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, informó la organización.
Los consultados dijeron que los argumentos esgrimidos por Maduro no parecen justificar la militarización de la frontera y mucho menos las acciones de los efectivos venezolanos.
“Ni cuando la crisis del Caldas, que fue una de las situaciones más delicadas entre Colombia y Venezuela de los últimos años, hubo una reacción del gobierno venezolano tan violenta y tan desmedida”, dijo en Miami el asesor político Esteban Gerbasi en referencia a un incidente a mediados de los años ochenta en que naves de las armadas de los dos países estuvieron a punto de entablar un combate marítimo.
“Maduro notificó que dos sicarios en moto le disparan a unos funcionarios activos de inteligencia del ejercito, y la reacción del Estado venezolano es cerrar la frontera, sacrificar 100 millones de dólares semanales en productos, y la deportación masiva de colombianos y la destrucción de bienes, porque les están tumbando las casas. Eso es totalmente desmedido”, afirmó.
Con información de El Nuevo Herald.