¡NO AL DECRETO! Asamblea Nacional rechazó el decreto hecho por Nicolás Maduro, quien anuncio Estado de Excepción en el país valiéndose de la crisis económica para tomarse atribuciones especiales que le permitan contrarrestar el periodo de inestabilidad que vive su gobierno.
En sesión especial, la Asamblea Nacional rechazó el decreto, con lo cual la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que la oposición acusa de ser un apéndice del gobierno.
Foto: REUTERS/Carlos García Rawlins / Archivo.
El primer parlamentario en intervenir fue Julio Borges, quien afirmó que “tres cuartas partes de la población venezolana vive en pobreza”, así como señaló que “este decreto lo que viene es agravar la inseguridad del país y está hecho para repetir lo peor de lo mismo”.
Añadió Borges que “el Gobierno desconoce el sufrimiento de la familia venezolana y también desconoce la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, dijo.
Antecedentes
El Legislativo ya había rechazado un decreto de emergencia económica dictado por Maduro en enero, pero el TSJ lo dejó en firme señalando que el control parlamentario no afecta la integridad de la medida.
El pasado viernes Maduro renovó por segunda ocasión dicho decreto y le añadió el estado de excepción por 60 días, con lo cual se arrogó amplias facultades para gobernar en materia política, económica, social y ambiental.
“Es una habilitación ilimitada a favor del presidente, cuyo poder se concentra e incrementa”, dijo el constitucionalista José Ignacio Hernández.
Entre las justificaciones, el texto publicado el lunes indica que, tras asumir el control de la Asamblea en enero pasado, la oposición pretende el “desconocimiento de todos los poderes públicos” e impulsa la “interrupción del período” de Maduro, en alusión al referendo revocatorio que promueve en su contra.
También denuncia un vínculo entre opositores y grupos criminales “financiados desde el exterior” para generar “problemas de orden público” que “justifiquen una intervención de poderes extranjeros”.
– Civiles a vigilar y controlar –
El lunes, el portavoz del gobierno de Barack Obama, Josh Earnest, manifestó la preocupación de Estados Unidos por las “terribles” condiciones de vida de los venezolanos, y pidió a Maduro escuchar a sus críticos con pena de profundizar la crisis.
Pero el mandatario socialista -que heredó la retórica antinorteamericana del fallecido Hugo Chávez (1999-2013)- considera que Washington está detrás de un complot opositor para desestabilizarlo mediante una “guerra económica” y la declaratoria del país como una amenaza “inusual y extraordinaria”.
Aunque el decreto no precisa restricciones al derecho de protesta y reunión, habilita al gobierno a “ejecutar planes especiales de seguridad que garanticen el sostenimiento del orden público”.
Además, ordena a la Fuerza Armada Bolivariana y demás órganos de seguridad “garantizar la correcta distribución y comercialización de alimentos y productos de primera necesidad”, en grave escasez.
Esto, en coordinación con los recién creados Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP), grupos de ciudadanos que se encargarán de la entrega directa de alimentos subsidiados para evitar que terminen en manos de contrabandistas.
Maduro le atribuyó además a esos colectivos “funciones de vigilancia y organización”, conjuntamente con la Fuerza Armada y la Policía, “para mantener el orden público y garantizar la seguridad y soberanía”.
En tanto, para reactivar la producción el decreto prevé la “asignación directa de divisas”, que escasean por el desplome de los precios del petróleo, “sin sometimiento a autorizaciones o aprobaciones de otros poderes públicos”.
En opinión de Luis Vicente León, de la firma Datanálisis, el objetivo del decreto en materia económica es justamente eludir a la Asamblea para la reestructuración del presupuesto.
Mientras, para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño, Maduro queda facultado para ajustar la jornada laboral en el sector privado, y no solo en el público, donde se redujo a dos días a la semana hasta el 27 de mayo, para ahorrar energía.
El gobierno ya aplica un plan de racionamiento en casi todo el país.
Con información de La Patilla